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La Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial ha solicitado a un equipo técnico-jurídico que redacte las alegaciones de la asociación a la segunda versión del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol occidental, presentado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta.

Según señalaron desde la Federación en un comunicado, la Costa del Sol “afronta un proceso de ordenación territorial y urbanística muy intenso”, recordando que “el panorama se ha revolucionado por completo y ha estallado la polémica por medidas como la Ley del Suelo de Andalucía, el PGOU de Marbella, el Decreto del Golf que prepara la Junta y el POT”, que vuelve a salir a información pública por segunda vez en un año.

Tras las alrededor de mil alegaciones presentadas en la primera fase pública de exposición, se abre un nuevo periodo de información y un nuevo plazo de alegaciones de dos meses.

El presidente de los urbanizadores, Ricardo Arranz, consideró positivo que el texto haya salido a exposición pública, “aunque sea con retraso”, y entendió que el POT “va a asentar las líneas generales que van a regir los municipios”.

Identificó como “uno de los puntos delicados del nuevo texto” al impacto que va a suponer el corredor ferroviario, “cuyo paso afectará a numerosas urbanizaciones y viviendas”, por lo que la Federación propone a la Junta que se haga un estudio “más viable y se busquen trazados alternativos”.

Indicaron además que el plan “sigue suscitando los recelos de urbanizadores, constructores, ayuntamientos, asociaciones y otros profesionales del sector”, al tiempo que subrayaron que “mientras el consejero de Turismo, Paulino Plata, señala que el POT junto con el Plan Qualifica pretenden modernizar el sector turístico malagueño y perseguir el desarrollo sostenible de la Costa del Sol, los ediles consideran el texto como una incursión en las competencias en materia urbanística de los municipios”.

No obstante, Arranz confió en “el esfuerzo de la Junta por lograr un texto consensuado, en la medida de lo posible, por todos los sectores implicados”, señalando por último que este “conflicto de intereses” se resolverá “en la medida en que impere el sentido común y que el secretario general de Ordenación del Territorio, Vicente Granados, esté dispuesto a escuchar y atender las alegaciones presentadas a esta segunda versión del plan”.