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Unió Mallorquina (UM) propondrá en el Comité de Cogestión Aeroportuaria que las administraciones autonómicas y locales compartan la titularidad de los aeropuertos de Baleares con el Gobierno central, sin presencia de los empresarios en el consejo de administración, con lo que, entre otras iniciativas, sería posible reducir las tasas aeroportuarias.

Así lo informó hoy el diputado de UM en el Parlament, Miquel Nadal, en la presentación del informe ‘Bases per a una Gestió Aeroportuària Productiva’, que sintetiza las demandas del partido nacionalista sobre la organización de los aeropuertos baleares y defiende los modelos de gestión vigentes en Alemania y Austria, donde estas instalaciones son de titularidad pública y privada.

Con ello, UM propone la creación de una nueva entidad pública para gestionar los aeropuertos de Baleares, cuyo Consejo de Administración estaría integrado por representantes del Gobierno Central (30 por ciento), del Govern de Balears (30 por ciento), el Consell Insular correspondiente (30 por ciento) y el ayuntamiento donde se sitúan las instalaciones (10 por ciento).

El Secretario de Formación del partido, Josep Lliteres, quien acompañó a Nadal en rueda de prensa, argumentó que las empresas privadas no participarán en el Consejo para “mantener el carácter de servicio público de los aeropuertos”. La Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera ya anunció hace dos meses su reclamación a participar en esta cogestión.

“Si una compañía aérea fuera titular de los aeropuertos, está claro que actuaría según sus intereses y no persiguiendo el beneficio común”, dijo, a la vez que informó que la propuesta nacionalista excluye aquellos aspectos referentes a defensa y navegación aérea, que permanecerían en manos del Estado.

Nadal recordó que las tasas aeroportuarias no se fijan atendiendo a los intereses de los ciudadanos de Baleares, sino con “fines recaudatorios”, para paliar el déficit de otros aeropuertos españoles, como los existentes en Logroño, León, Burgos, Reus, Girona y Murcia.

El diputado precisó que esta propuesta incluye destinar una cuota de solidaridad con los aeropuertos deficitarios, “pero no una caja común, como en la actualidad”. Por otra parte, destacó que las compañías de bajo coste acostumbran a operar en aeropuertos que establecen tasas bajas, por lo que “también nos interesa reducirlas para captar a estas empresas, cada vez más importantes en el mundo del turismo”.

“No podemos permitir que las compañías de bajo coste vuelen a Girona o Murcia aprovechando que las tasas son más bajas allí que en Baleares, dado que estos destinos pueden reducir estos tributos porque reciben dinero de nuestros aeropuertos”, alegó Nadal, quien detalló que, según los técnicos que han elaborado el informe, Son Sant Joan “mantiene a la mitad de aeropuertos de España, el aeropuerto de Ibiza es beneficiario y el de Menorca no gana ni pierde dinero”.

También indicó que AENA adjudica los contratos de obras y servicios de los aeropuertos de la Comunidad a “grandes empresas afincadas fuera de nuestro territorio”, mientras que la propuesta de UM permitiría a empresarios de Baleares adquirir estas subcontratas, “creando riqueza aquí”.

Los planes de inversiones de los aeropuertos es otro de los puntos abordados en el estudio de UM. “Si nuestras administraciones gestionan estas infraestructuras nos aseguramos de que el dinero gastado se destinará a solucionar sus problemas reales”, aseguró Nadal.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

A pesar de que UM propone que no estén presentes los empresarios en un eventual consejo de administración, el Consejo Asesor estaría integrado por representantes empresariales y sindicatos. Este organismo, de carácter consultivo, se encargaría de emitir planes estratégicos plurianuales, así como informes dirigidos al Consejo de Administración siempre que lo considere oportuno.

Lliteres precisó que los miembros del Consejo de Administración y del Consejo Asesor serían designados atendiendo a criterios profesionales, con independencia de afinidades políticas. Asimismo, los contratos de estas personas se podrán rescindir en caso de no cumplirse con los objetivos marcados en los planes estratégicos.