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Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO pidieron hoy a la patronal balear de la Hostelería que mejore la calidad y la duración de los contratos de los trabajadores de este sector en Baleares ante las buenas perspectivas que ofrece la temporada alta de 2006 y, de este modo, evitar la eventualidad, que es una de las más altas del Estado, al afectar al 40 por ciento de los empleados.

Así coincidieron en manifestarlo a Europa Press el secretario general de la Federación de Hostelería de UGT, Antonio Copete, y el secretario de Acción Sindical de la Federación de Hostelería y Turismo de CCOO, Ginés Díez, quienes señalaron que, si bien el nivel de contratación es bueno, exista una gran eventualidad en el sector y, en especial, mucho “encadenamiento de contratos”.

Ambos responsables perciben que la situación turística “es buena”, a pesar de que el pistoletazo de salida de la temporada alta se producirá el próximo 1 de mayo, pero coincidieron en subrayar que la contratación es “precaria, estacional, y de poca calidad”

Con estos condicionantes, Díez estimó que entre un 30 y un 40 por ciento de los contratos firmados en 2006 son ilegales, porque se contrata como eventuales a trabajadores que llevan varias temporadas prestando servicio en el mismo establecimiento y, por lo tanto, deberían ser considerados como fijos discontinuos.

En opinión de los sindicalistas, muchos fijos discontinuos están siendo contratados esta temporada como eventuales, lo cual “es una práctica ilegal” sobre la que, en el caso de CCOO, ya han solicitado a la Inspección de Trabajo que intervenga para evitar los fraudes.

Además, Díez también denunció que su sindicato ha detectado que muchos empresarios exigen a los trabajadores que firmen contratos en los que se les obliga a realizar horas extraordinarias ilegales, así como que a trabajar seis días semanales, entre otros abusos, por lo que “si las cosas siguen así, tomaremos medidas drásticas”, aseguró.

Según los sindicalistas, estas prácticas afectan principalmente a trabajadores extranjeros y se extienden por toda Mallorca, con la excepción de la Playa de Palma, donde el control es más estricto, y constituyen un “conflicto de intereses”, al incumplir el acuerdo suscrito con la patronal.