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Spanair presentó ayer ante los órganos de competencia de la Unión Europea una denuncia por la supuesta concesión de ayudas encubiertas a Iberia por parte del Estado español. Según los términos de la denuncia, estas subvenciones ascienden a los 6.000 millones de euros invertidos en la construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas, adjudicada en exclusiva a Iberia y sus socias por parte del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Así lo anunció hoy el presidente de Spanair, Gonzalo Pascual, en el aeropuerto internacional de Nagoya (Japón), en cuyas instalaciones se celebra la segunda jornada de la Asamblea de presidentes de Star Alliance. “La asignación en exclusiva a Iberia de un bien público que ha financiado el Estado con el dinero de todos los pasajeros es una forma de dar una subvención encubierta e ilegal”, aseguró Pascual.

Esta denuncia forma parte de una batería de cinco recursos interpuestos por Spanair en Bruselas y en los tribunales españoles contra la resolución dictada por AENA en noviembre de 2004 sobre el reparto de espacios en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Además de alegar ayudas de Estado, Spanair denuncia la falta de fundamentación jurídica de la resolución, abuso de posición dominante por parte de AENA, violación de las reglas de libre competencia y atentado contra la libre prestación de servicios.

“Hay una ayuda de Estado encubierta porque Iberia va a disfrutar de unas instalaciones de vanguardia que han costado 6.000 millones de euros y que han sido financiadas con dinero público procedente de las tasas de todos los pasajeros, mientras que otras aerolíneas como Spanair no van a tener acceso a ellas”, señaló Pascual.

Spanair, que califica esta situación de “atropello político”, ha presentado también un recurso de nulidad contra la resolución de AENA ante la jurisdicción contencioso-administrativa española, a la que sumó la petición de reserva cautelar de un 20% de los espacios de la nueva terminal de Barajas. Según explicó Pascual, los dictámenes jurídicos remitidos por AENA a Spanair por orden del juez reconocen que un bien público no puede ser reservado para el disfrute de una sola compañía.

La compañía, que está siendo asesorada en su estrategia judicial por PricewaterhouseCoopers, ha cuantificado en 100 millones de euros el incremento de costes operativos directos e indirectos que tendrá que soportar entre 2006 y 2010 –a razón de 20 millones de euros anuales– por su ubicación en la terminal 1 del aeropuerto, de los cuales 45 millones serán trasladados a sus pasajeros.

Anulando los acuerdos adoptados durante la gestión del Partido Popular, Aena adjudicó a Iberia y a sus socios en Oneworld la práctica exclusividad de la nueva terminal T4 del aeropuerto, trasladando a Spanair y a las compañías de Star Alliance a la terminal T1, “la más vieja y obsoleta del aeropuerto”, en palabras de Gonzalo Pascual. En la primera resolución, adoptada en junio de 2003, AENA había decididó que Iberia y Spanair compartieran junto a sus respectivas socias la nueva terminal del aeropuerto madrileño.