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La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas dieron hoy el visto bueno en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) al proyecto de Real Decreto que regula la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria y por el que se aumenta un 40 por ciento la financiación de la atención sanitaria de los desplazados programados y turistas, hasta alcanzar el 80 por ciento. No obstante, desde las filas de las autonomías gobernadas por el PP se calificó este incremento de “insuficiente”.

Tras finalizar la reunión en Madrid de este CISNS –que duró cinco horas– Salgado destacó que este Consejo demuestra que se ha recuperado la senda de “cordialidad y productividad”, ya que todos los consejeros han tenido la oportunidad de hablar y de escuchar el debate, que a su juicio, se ha tratado con “rigor” y con ánimo constructivo por parte de todas las comunidades autónomas.

En relación al proyecto de Real Decreto por el que se regula la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria que tiene por finalidad financiar a los desplazados programados (a quienes se trata en otra autonomía por no existir posibilidad de atención en la que residen) y a los desplazados temporales de otros países, la titular de Sanidad precisó que lo que se ha hecho en esta reunión ha sido “dar cumplimiento al acuerdo de la Conferencia de Presidentes, que estableció un fondo adicional de 45 millones de euros, de manera que se incrementarán los porcentajes que se pagan a los desplazados, logrando pasar del 40 por ciento que se costeaba hasta ahora al 80 por ciento”.

Respecto a los turistas, insistió en que el Gobierno tiene “un gran interés en que no exista turismo sanitario, pero también debe procurar que la asistencia de calidad que se presta en España sea un incentivo para que estos decidan acudir en vacaciones”.

En este sentido, según la ministra, algunas comunidades autónomas estimaban que con estos fondos “no se da respuesta a las necesidades de financiación de la Sanidad”, pero indicó que “no es esa la finalidad de este fondo”. Así, insistió en que sería necesario elaborar un nuevo sistema de financiación de las CCAA que tenga en cuenta la situación actual en términos poblacionales, que difieren del año 2001 (hay 4 millones más de personas).

“Todos los consejeros consideran que esto ha sido un paso importante, aunque algunos opinaron que era insuficiente”, según Salgado, quien recordó que el plazo de alegaciones escritas a dicho decreto empezará en las próximas semanas. No obstante, reiteró que “no tiene sentido que el Fondo de Cohesión financie la atención urgente de los desplazados a otras comunidades”, como pedían algunos consejeros.

CENTROS DE REFERENCIA PARA DAR EQUIDAD

En cuanto al punto del orden del día en el que se debatió sobre el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases de procedimientos para la designación y acreditación de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (SNS), Salgado precisó que se ha dado consenso a las bases para la acreditación de dichos centros, por ser “verdaderamente el corazón de la cohesión del sistema”. Estos centros serán designados durante 5 años, y posteriormente tendrán que volver a acreditarse, aunque por el momento no se puede estimar cuántos podrán llegar a ser, mientras que se han sugerido algunas áreas como cardiaca, digestiva y de trasplantes, dijo.

Esta iniciativa consiste en que ciertas Unidades de Referencia designadas puedan atender a pacientes llegados de todo el territorio nacional para determinados procesos muy complicados (enfermedades raras, trasplantes intestinales, unidades de quemados, etcétera), que exigen una gran experiencia por parte de los profesionales y una tecnología de última generación. “Es una decisión para garantizar la seguridad del paciente, la calidad de la asistencia y la eficiencia del sistema, no es una consideración económica”, según Salgado, quien destacó que “este Real Decreto establece de forma clara criterios de equidad”.

En este sentido, el CISNS examinará las peticiones por parte de las comunidades autónomas que consideren que tienen un centro con capacidad suficiente para convertirse en una Unidad de Referencia, que posteriormente será acreditado por parte de la Agencia de Evaluación del SNS, tras analizar “su recorrido de éxito”.

Hasta la fecha, en España únicamente había dos Servicios de referencia de ámbito estatal: el Instituto de Silicosis de Asturias, y el Hospital de Parapléjicos de Toledo. No obstante, recordó que las comunidades autónomas “no ganan nada”, ya que no se financia el coste de la infraestructura de los centros, sino que sólo se costea la atención de los enfermos que van de otras autonomías.

NUEVO DOCUMENTO DE ESTRATEGIA EN CÁNCER

Por otra parte, Salgado aseguró que “todos los consejeros coincidieron en manifestar la excelencia” en el trabajo realizado en la Estrategia en Cáncer del SNS que define parámetros comunes en la prevención, tratamiento, diagnóstico y seguimiento de dicha enfermedad.

No obstante, y a pesar de que el CISNS ha aprobado dicha Estrategia, en el plazo de un mes de elaborará un nuevo documento (que será editado ya no como propuesta del Ministerio sino del propio Sistema Nacional de Salud) tras la inclusión de determinadas observaciones de redacción y rectificaciones en cuanto al lenguaje en el que se expresan determinadas partes, que tengan en cuenta los distintos objetivos de las autonomías.

Así, explicó que todas las comunidades autónomas están de acuerdo en que se ha evidenciado que la extensión del cribado del cáncer de mama se debe establecer de los 50 hasta los 69 años, ya que se justifica su coste, aunque algunas CCAA –por su organización– no se pueden comprometer a cumplir estos plazos en un año, y tardarán algo más. Sin embargo, Salgado constató que eso no significa que “se va a dar libertad a las comunidades autónomas para que fijen sus propios plazos”.

Finalmente, Salgado informó que sanidad ha destinado un total de 37 millones de euros a las comunidades autónomas para que lleven a cabo distintas iniciativas de promoción de la salud en campos como el sida, lucha contra el tabaquismo (14 millones), mejora en los sistemas de información (3 millones), aumento de la seguridad de los pacientes (5 millones) en el ámbito de las enfermedades emergentes y de especial relevancia (prevención y control de alcohol, embarazos no deseados, tuberculosis multirresistente y gripe aviar) y 7 millones más para los planes territoriales que ya están en marcha (cáncer, diabetes, enfermedades mentales y cuidados paliativos).