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La Plataforma Ciudadana por la Sostenibilidad del Litoral Occidental de Huelva denunció hoy que algunos constructores se están encargando de redactar los planes de ordenación urbana (PGOU) de los municipios costeros con la pretensión de redactar también el Plan de Ordenación Territorial (POT) del Litoral Occidental de Huelva.

En un comunicado remitido a Europa Press, esta plataforma –compuesta por asociaciones de vecinos de algunos municipios, entidades sociales y Ecologistas en Acción– lamentó la “actitud negativa” contra la ordenación del territorio de los alcaldes de los municipios de la Costa, así como “su recurso a argucias legales para evitar un freno mínimo a la especulación en la zona”.

En este sentido, la plataforma concluyó, en relación a las propuestas de PGOU presentadas a información pública en Cartaya, Ayamonte e Isla Cristina que “son algunos empresarios de la construcción quienes imponen, mediante convenios, los criterios de donde y cómo se urbaniza el territorio”.

El colectivo resaltó que han aflorado, “sin ninguna relación siquiera con avances del planeamiento presentados hace pocos meses, proyectos como el la urbanización de la finca El Marquesado, en los términos de Isla Cristina y Ayamonte, que está destinada ahora a usos forestales y agrícolas, situada a mucha distancia de las zonas urbanizadas de los dos municipios”.

En este sentido, recalcó que la recalificación de su suelo planteada simultáneamente en los PGOU de los dos municipios, “a petición de la conocida constructora onubense Rafael Morales S.A., no resulta entendible bajo ningún prisma que no sea el de la especulación y el del sistema de favores que sustenta la financiación de los ayuntamientos costeros”.

De la misma forma, la plataforma destacó que “algo similar ocurre con la pretensión de destinar suelos situados en el Campo Común de Arriba de Cartaya a usos turísticos, o a la intención de descatalogar buena parte de los pinares costeros de los montes públicos de este mismo municipio”.

RECALIFICACIONES INTERESADASA su juicio, “la presencia e influencia en la comarca de poderosos grupos inmobiliarios como Fadesa, ACS y Pryconsa, entre otros más cercanos como Bekinsa –algunos de ellos conocidos por su relación con famosos club de fútbol–, es la que explica que algunos suelos pasen a recalificarse como urbanizables con todos los parabienes de alcaldes y conocidos técnicos redactores, como Jaime Montaner, mientras a numerosos vecinos sin influencias ni grandes propiedades se les limita cualquier mínimo cambio”.

Según añadió, “la acción de estos grupos constructores, al dibujar los usos del territorio a su conveniencia, se lleva por delante otras actividades productivas, como la pesca y los aprovechamientos forestales, agrícolas y ganaderos”.

En este contexto, denunció que “instalaciones de acuicultura como la planta de Acuinova en Ayamonte; huertas tradicionales de gran futuro; puertos para la flota pesquera; vías pecuarias; bosques; y ríos, desaparecen en los planes especulativos puestos a información pública y, con ellos, todos los empleos y la riqueza que proporcionan ahora y podrían generar en el futuro”.

La Plataforma Ciudadana por la Sostenibilidad del Litoral Occidental de Huelva exigió una ordenación “racional de los usos del territorio, que garantice la calidad de vida de los habitantes de la comarca, así como el acceso a la vivienda y a trabajos dignos”.

De la misma forma, pidió a la Junta de Andalucía “que utilice con rigor los instrumentos de planificación de que dispone, poniéndolos al servicio del interés público”, al tiempo que denunció la “actitud bochornosa del PSOE, al que pertenecen buena parte de los alcaldes que se han lanzado a la carrera de la insumisión por el negocio privado de unos pocos, sin que nadie parezca estar interesado en poner orden”.