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El Gobierno explicó que los astilleros Navantia-Ferrol (A Coruña) cumplían “estrictamente” toda la normativa aplicable a su actividad y todas las obligaciones que marca la ley en materia laboral y de prevención de riesgos laborales cuando se produjo el accidente que causó la muerte a cuatro trabajadores el pasado 11 de mayo.

El Ejecutivo aclara que continúa abierta la investigación oficial que está realizando el Juzgado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que cuenta con el asesoramiento técnico del Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Xunta de Galicia para determinar las causas del accidente.

El Gobierno señaló que “será el resultado de dicha investigación” el que concluya tanto las circunstancias como las causas del accidente. Además, la Administración central remarcó que “no ha de ser el Gobierno el que adopte ningún tipo de medidas urgentes para evitar acontecimientos como este, sino, en todo caso, la empresa responsable de la producción”.

Además, indicó que los trabajadores fallecidos en Navantia “recibirán todas las prestaciones previstas en el vigente sistema de la Seguridad Social”, el cual “no establece ninguna diferencia en función del carácter público o privado de la empresa o industria”.

La Administración responde así a las preguntas realizadas por el PP, que se interesó por las actuaciones realizadas por parte del Ejecutivo después del suceso. El diputado popular Arsenio Fernández de Mesa consideró que la actuación del Gobierno en la situación actual de los astilleros gallegos es “la certificación de la liquidación de la construcción naval en Galicia”.