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Más de un centenar de valencianos que adquirieron en 2004 y 2005 el derecho a una semana de vacaciones durante 20 años en unos apartamentos de Denia, Málaga y Orihuela, por más de 18.000 euros con préstamos al 9% que “nunca disfrutaron”, se están personando a lo largo de esta semana en el procedimiento penal abierto contra la empresa multipropiedad Gardina Inmuebles, señalaron fuentes de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).
Los implicados, que se están personando ante el Juzgado de Instrucción número dos de Valencia, coordinados por Adicae, “se ratifican en la denuncia presentada por la asociación de consumidores a finales de julio de 2005, personándose en la causa abierta como interesados”, apuntaron.
La finalidad de esta acción, explicaron las mismas fuentes, es “lograr que se resuelvan los contratos de compraventa de los apartamentos al haber existido estafa –se vendían apartamentos no existentes o ya vendidos a otros clientes–; recuperar las cantidades entregadas y, en última instancia, resolver los contratos de préstamo suscritos para la adquisición de los derechos sobre los apartamentos”.
La “problemática” en este asunto viene originada, indicaron, por el cierre en mayo del año pasado de la empresa Gardina Inmuebles en Valencia, cuya actividad principal era la explotación del arrendamiento por turnos de inmuebles de uso turístico.
“Esta empresa vendía el disfrute de una semana de vacaciones al año en unos apartamentos llamando por teléfono a miles de familias para concentrarlos en una sala de convenciones bajo la promesa de entregar un regalo –televisores, cámaras de video, electrodomésticos–”, explicaron fuentes de Adicae.
Una vez allí, añadieron, “mediante técnicas agresivas de marketing y reuniones de cinco horas con bailes y alcohol, lograban que los asistentes firmasen los contratos y unas penalizaciones de hasta 3.000 euros en caso de desistir en los días posteriores, una práctica totalmente contraria a la ley”.
El problema se “agravó” cuando la empresa “engañó a sus clientes y les vendió apartamentos inexistentes o ya vendidos anteriormente, dejando a los afectados sin vacaciones, con más de 800 euros entregados para gastos de notaría y registro que jamás se efectuaron, con unas cuotas de préstamo de hasta 260 euros mensuales durante siete años y con una serie de gastos anuales de una empresa prestadora de servicios”.
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