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La Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Catalunya (CCOC) alertó hoy de la “crisis” que vive la obra pública, con una caída de la licitación del 48,3% en 2004, al tiempo que reclamaron medidas para aumentar la “transparencia” de la contratación.
El presidente de la CCOAC, Rafael Romero, explicó hoy que durante 2004 la actividad de la construcción catalana aumentó globalmente un 3,5%, gracias sobre todo al aumento del 8,8% del número de viviendas iniciadas –aunque lejos del crecimiento del 19% en 2003–.
El consumo de cemento creció un 2,8% en 2004 y los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, un 2,9%, hasta alcanzar los 230.811 empleados. A pesar de estos datos positivos, los constructores resaltaron que las licitaciones de obras hechas por las administraciones públicas en Catalunya han caído un 48,3%, lo que contrasta con el incremento del 9,9% vivido en 2003.
La Cámara atribuyó este descenso a las “fuertes oscilaciones” de este mercado, que “sufre el ciclo electoral”, afirmó Romero, así como a la elevada licitación del anterior ejercicio, que incluyó obras como la Ciudad Judicial, la Línea 9 de Metro y la ampliación de la 5 o el tramo del AVE entre Lleida y Barcelona.
Romero subrayó la importancia que tiene la contratación pública para el sector de la construcción, ya que representa una cuarta parte de las obras que se adjudican. En este sentido, se ha pasado de 1.794 obras adjudicadas en 2003 a 1.253 el año pasado. El presidente de la Cámara recalcó la “especial responsabilidad del sector público hacia la construcción, dada su permanencia continuada en el mercado”.
BAJAN LOS PRECIOS.
Además de esta disminución de la licitación, Romero esbozó un panorama de “crisis” en la obra pública debido a factores como la “indefinición de los proyectos” a los que concurren las empresas y el “poco tiempo” para estudiarlos. Esto provoca que las ofertas que presentan los constructores no sean “homogéneas” y ofrezcan “interpretaciones diferentes” de la obra a realizar.
Asimismo, los constructores sufren la “dura concurrencia” en los concursos, ya que el número de empresas que se presentan a cada adjudicación ha aumentado un 25% en 2004, hasta una media de 14,2 compañías.
Para lograr el contrato, las constructoras compiten en ofrecer precios bajos. De media, las ofertas ofrecían en 2004 un presupuesto que era un 11,7% inferior a lo reclamado en el pliego de condiciones, mientras que en 2003 era un 7% inferior. Romero denunció que “utilizar el precio como elemento principal para adjudicar una obra es irracional”.
En su opinión, si las administraciones “continúan adjudicando sólo por el precio, se acabará deteriorando el sector de la construcción en Catalunya, porque las empresas serias se marcharán”, por lo que reclamó un mayor preso de los elementos técnicos en las adjudicaciones.
CONCENTRACIÓN DE ADJUDICACIONES.
Respecto a la concentración de los contratos, en 2003 las 20 principales empresas adjudicatarias de Catalunya consiguieron el 11% del total de las obras, que equivalían al 68% del presupuesto licitado, mientras que en 2004 lograron el 15% de los contratos y el 60% del presupuesto.
En cuanto a los contratos licitados específicamente por la Generalitat, las 20 empresas principales acapararon el 15% de las obras y el 70% de los fondos en 2003, mientras que en 2004 fue el 17% de los trabajos y el 65% del presupuesto.
MÁS TRANSPARENCIA.
A la vista de estos datos, la Cámara recuperó las propuestas presentadas hace un año al conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, Joaquim Nadal, y en las que “no hemos tenido oportunidad de avanzar demasiado”, según Romero. La mayoría se definen por la exigencia de más “transparencia” en la contratación pública.
Así, piden programar las inversiones públicas con un horizonte de 4 ó 5 años e informar anualmente de las obras que se licitarán, para que las empresas “se puedan programar y formar a sus empleados”; usar “criterios objetivos” en las adjudicaciones y “justificar” la decisión; desarrollar métodos paa detectar ofertas “temerarias” por su bajo presupuesto e instaurar la figura de un técnico externo a la obra que pueda arbitrar cualquier conflicto que surja.
Los contratistas piden también invertir 20 millones de euros anuales durante cuatro años para formar cada año a 14.000 trabajadores de la construcción: 2.000 procedentes de la Formación Profesional, 5.000 parados y 7.000 empleados que necesiten reciclarse.
EL 3% LES HA “SALPICADO”.
Romero aprovechó estas peticiones de transparencia para admitir que la polémica por el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de obra pública ha “salpicado” al sector, que está “bajo sospecha”, y ha “dilapidado muchos años de esfuerzos”.
Aún así, pidió que un “caso puntual” no “pese sobre todo el colectivo” y apostó por llevar cualquier episodio de irregularidades “a los tribunales”.
AUMENTO DE LOS PRECIOS.
Otro de los factores que ha condicionado la construcción catalana en 2004 ha sido el “aumento de los costes”, de un 8,2% en la edificación y de un 9,3% en la obra civil, derivado de un crecimiento del 39,6% del precio del acero y de un 29,8% del cobre.
Esta circunstancia ha motivado “cientos de reclamaciones” de constructores para intentar que los promotores de las obras les paguen el sobrecoste respecto al presupuesto inicial.
Para este año, los contratistas esperan que la construcción se desacelere, con un crecimiento global del 2,5%, un punto menos que este año, debido a este descenso de la contratación pública.
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