Actualidad24horas.com

El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos urgió hoy al Gobierno a adoptar medidas “transversales y estructurales” que eviten los riesgos económicos y desequilibrios sociales y demográficos que, en su opinión, pueden derivar de la actual situación de “burbuja y eclosión inmobiliaria”.

El presidente del Consejo, Carlos Hernández Pezzi, reclamó como fundamental la modificación del sistema de financiación de los ayuntamientos para evitar que la venta de suelo siga constituyendo su principal fuente de ingresos, y el fomento de un verdadero mercado de alquiler y de viviendas de protección oficial (VPO).

El gremio de arquitectos considera al Ministerio de Vivienda un “instrumento poderoso” para abordar la situación que, no obstante, requiere también del concurso de otros Ministerios y, sobre todo, de comunidades autónomas y ayuntamientos.

En este sentido, solicitó que el Gobierno emplee el patrimonio de suelo público como “mecanismo de regulación del mercado” para poder desarrollar más actuaciones como la de Campamento en Madrid.

Con todo, el consejo pretende atajar la “preocupante” e “insostenible” actual situación del sector en el que, según sus datos, el número de viviendas que se construyen (757.680 en 2004) triplica al que se necesita y su encarecimiento (17,4% el pasado año) “está inflacionado varias veces” respecto a su valor real.

Los arquitectos aseguran que España “está derribando plusmarcas mundiales”, dado que es el mayor país por número de viviendas en propiedad (un 1,52 por hogar frente a la media europea de 1,11) y también es el mayor promotor, con 18,1 nuevas viviendas por mil habitantes, frente al ratio europeo de 5,7.

Además, denuncian que este parque se está construyendo sin incluir las más actuales normas de calidad, entre ellas las que permitirán cumplir con Kioto, y es “ineficaz” porque no atiende a un importante sector de demanda (hogares de una sola persona con escasas rentas) que, por ello, quedan fuera del mercado.

El Consejo abundó en este análisis al asegurar que el precio de un piso nuevo es equivalente a siete veces el salario anual íntegro de un hogar, el doble que en Europa, que en España se invierte en vivienda nueva “año tras año” lo equivalente al 17% del Producto Interior Bruto (PIB) y se dedica a pagar la hipoteca el 18% de la renta disponible “durante años, mientras que los vecinos europeos dedican apenas un 4% a cada cosa”.

RIESGOS ECONOMICOS Y SOCIALES.

Entre los riesgos económicos de este escenario, apuntan a la futura existencia de un parque de viviendas de escasa calidad, que no responda a las necesidades sociales, aunque descartan correcciones en los precios.

En cuanto a los desequilibrios sociales, señalan los derivados del retrado en la edad de emancipación de los jóvenes, de la imposibilidad de movilidad por la ausencia de alquiler y la concentración geográfica en determinadas zonas como grandes ciudades y la costa.

Estos profesionales justifican la intervención pública en este sector al consideran que no tiene “libertad de mercado”. “El ciudadano sólo puede hacer una cosa: comprar vivienda libre y al precio que tiene”.

De igual forma, descartan que este tipo de medidas dañen al crecimiento económico. “La industria cementera da muchas vitaminas al PIB, pero son a corto plazo, mientras que la inversión en educación, innovación y tecnología se las da a largo y nadie se da cuenta de ello”. Además, considera que el sector puede resistir con “la cantidad de obra civil que resta por construir en este país”.