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Los grandes grupos de construcción y concesiones inician hoy la puja para hacerse con el 20 por ciento del capital social de Madrid Calle-30 y convertirse así en socio del Ayuntamiento de la capital en la gestión y mantenimiento de la carretera de circunvalación M-30 una vez remodelada.

Todas las grandes compañías presentarán al Consistorio las ofertas técnicas y económicas con las que intentarán hacerse con el proyecto, en las que deben proponer un modelo de negocio y financiación para Calle 30. FCC y Abertis son las únicas compañías que concurrirán en consorcio, mientras que el resto (ACS, Acciona, Ferrovial, Sacyr Vallehermoso y OHL) prevén competir por separado.

En el caso de la empresa que preside Florentino Pérez, se presentará al concurso pese a la presencia en el mismo de Abertis, sociedad de la que es segundo máximo socio con un 20 por ciento del capital. Los grandes grupos de construcción y servicios mantienen así su interés por el proyecto del Ayuntamiento que dirige Alberto Ruiz Gallardón pese a reconocer el importante traspaso de riesgos que esta Administración realizará a su futuro socio privado.

APORTACIONES DEL CAPITAL PRIVADO.

El socio que seleccione el Consistorio tomará un 20 por ciento del capital de Madrid Calle-30 por 45 millones y deberá además contribuir con otros 57 millones a través de un préstamo subordinado a suscribir con las dos entidades bancarias ya seleccionadas por el Consistorio.

En 2006 el socio del proyecto deberá volver a desembolsar las mismas cantidades, con lo que el importe total de las aportaciones privadas ascenderá a 90 millones de euros de capital social y 114 millones de euros de préstamo subordinado. A cambio, recibirá una parte de los eventuales beneficios de forma proporcional a su participación, además del correspondiente pago de la Administración por las labores de mantenimiento.

Con la entrada de un socio privado en esta sociedad, el Consistorio de Madrid pretende lograr un equilibrio entre los objetivos de seguridad, calidad e idoneidad de la infraestructuras que debe garantizar la Administración, con los de eficiencia y ahorro de costes que puede aportar la iniciativa privada.