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La sociedad promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas) “exigirá”, en caso de acudir a la vía contecioso-administrativa, la reposición del coste por la paralización cautelar de las obras del aeródromo por parte del Ministerio de Fomento, estimando las pérdidas en 15 millones de euros, a los que se sumarían 4,5 millones de euros por la retirada de las máquinas y su posterior reposición.

Aerocas acudirá a la vía contencioso-administrativa si la respuesta al recurso de alzada que presentaron ante la paralización de las obras es negativa. Los plazos de las obras finalizan los próximos 11 y 14 de febrero de 2006, anunció hoy el presidente de dicha sociedad, Carlos Fabra, tras la finalización de su consejo de administración.

Fabra explicó que estas decisiones se pondrían en marcha al margen de que en ese espacio de tiempo el consejo de administración pueda decidir otro tipo de acciones.

El consejo de administración de Aerocas constató en la reunión de hoy con “tristeza” la “nula” voluntad del Gobierno central para llevar adelante con facilidad “una infraestructura vital para el desarrollo económico de la provincia”, explicó Fabra, y añadió que la empresa “no ha encontrado ningún razonamiento para paralizar las obras, cuando podrían haber continuado y, a la vez, solventarse los problemas de tramitación del expediente”.

En esta línea, el presidente de Aerocas apuntó que “llama la atención que el 29 de octubre de 2004 la Dirección General de Aviación Civil apruebe el proyecto de construcción del aeropuerto a efectos de que la Abogacía del Estado emita un informe, pero –añadió- ya reconocía que las condiciones medioambientales se ajustaban a las exigencias del Ministerio de Fomento”.

“Pasados nueve meses –explicó Fabra– sin que la Abogacía del Estado responda a la petición de Aviación Civil, ésta remite otra nota interna sobre la innecesariedad del dictamen y, sin embargo, el 6 de octubre de 2005 el abogado del Estado dice que ha examinado la petición de Aviación Civil y emite un informe en el que justifica la paralización de las obras del aeropuerto”.

“TODAS LAS MEDIDAS”

Fabra consideró que “todo esto es muy sorprendente”, por lo que anunció que “vamos a proceder a utilizar todas las medidas legales que nos aconsejen nuestros servicios jurídicos”. Así mismo, acusó al director general de Aviación Civil de “mentir” cuando dijo en el Senado que el proyecto de construcción del aeropuerto “no era correcto y que no estaba firmado por ningún técnico competente”.

Por su parte, el vicepresidente de Aerocas y del Consell de la Generalitat Valenciana, Víctor Campos, señaló que esta cuestión tiene un escenario técnico y otro político, “en el que ha primado el segundo”, pues –aseguró– “desde el primer momento al PSOE no le ha gustado el proyecto del aeropuerto por haber sido impulsado por el PP, por lo que se ha centrado en intentar boicotearlo y dinamitarlo”.

Asimismo, Campos aseguró que el PSPV-PSOE, “aunque aprobó algunas resoluciones a favor de la continuación de aeropuerto, no tiene fuerza ni credibilidad a nivel nacional” y criticó que los que deberían de haber defendido los intereses de la provincia, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y el subdelegado del Gobierno en Castellón, “han preferido defender los intereses del Gobierno”.