Actualidad24horas.com

Azata del Sol, empresa promotora del polémico hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), ha valorado en 200 millones de euros la indemnización que debería recibir por su demolición, según publica hoy el diario ‘La Voz de Almería’.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Azata, Antonio Baena, añadió que “el costo es importante porque no sólo es el hotel físicamente, sino todas las expectativas que hay de venta y de explotación”. “El asunto es importante”, sentenció.

Asimismo, se refirió a la compensación anunciada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que aún no ha sido concretada, para el pueblo de Carboneras. Baena se preguntó “cómo se compensa a un pueblo de unas expectativas de desarrollo que se ven frustradas”.

Así, comentó que para Benidorm (Alicante) “prescindir de un hotel supone un impacto mínimo”, pero, se preguntó, “cómo se compensa económicamente a un pueblo como Carboneras que no tiene nada”.

RECURSOS

Por último, avanzó que desde Azata se presentarán dos recursos contra la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de iniciar el proceso de expropiación.

El pasado 17 de noviembre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba un anuncio de la Dirección General de Costas, informando de la aprobación del deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo comprendido entre la playa de El Lacón hasta el límite con el término municipal de Mojácar (Almería), en el que se encuentra el paraje costero de El Algarrobico.

El Ministerio ordenaba, así, al Servicio de Costas de Almería que iniciase las actuaciones conducentes a rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado, otorgando el plazo de un año para solicitar la correspondiente concesión a aquellos titulares de terrenos que pudieran acreditar su inclusión en alguno de los supuestos contemplados en la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988 de Costas.

Contra esta resolución del Ministerio, que ponía fin a la vía administrativa, los afectados que no sean administraciones públicas podían interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, o un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Las administraciones públicas podían interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.