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Los empresarios del sector turístico, así como personal de distintos organismos públicos más representativos de la provincia de Málaga, consideran el saneamiento integral de la Costa del Sol como el principal problema del litoral, por encima del control urbanístico y las infraestructuras de transporte, según desvelan los resultados del cuestionario para una Planificación Estratégica de la Costa del Sol Occidental dados a conocer hoy por el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Juan Sánchez, y la diputada de Juventud, Deportes y Formación y presidenta de la asociación Madeca, Encarnación Páez.

Asimismo, los agentes socioeconómicos de la Costa del Sol han expresado, a través de un centenar de encuestas, su escepticismo cara al futuro turístico del litoral, ya que, según los datos del estudio, el 57% augura un estancamiento del sector y un 42,86% habla de descenso de la demanda turística en los próximos años.

El objetivo de este estudio es sentar las bases para “encarar el futuro con más seguridad, sabiendo que vamos a tener esa estabilidad, de la que tanto ha carecido la Costa del Sol en los últimos años”, apuntó el vicepresidente de la entidad supramunicipal, Agustín Moreno.

Otro de los puntos destacados es la tensión entre el turismo hotelero y el residencial, ya que la mayoría de los consultados aboga apuesta por el sector hotelero, en detrimento del inmobiliario. Sin embargo, están convencidos de que la construcción seguirá creciendo en el litoral costasoleño, sobre todo, vinculado con la práctica del golf.

Como medidas paliativas de la situación de estancamiento, un 41,54% apuesta por intensificar la oferta complementaria; un 18,46% por la promoción y un 13,85% por la organización de eventos.

En este punto, también consideran como principales acciones a llevar a cabo un mayor control del desarrollo urbanístico y el aumento de la seguridad.

Finalmente, el director responsable del equipo redactor del Plan, Antonio Clavero, subrayó como primera conclusión del estudio el hecho de que hay “una disparidad de criterios importante entre los propios entes encuestados”, y por lo tanto, existe “la necesidad de que cualquier acción que se tome, debe ser consensuada, sino no tendrá ningún viso”.