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La Comisión Europea decidió hoy abrir un procedimiento formal para examinar si las ayudas concedidas por la Sociedad Nacional Belga de Transportes por Ferrocarril (SNCB, según sus siglas en francés) para financiar la reestructuración de su filial Inter Ferry Boats (IFB) se ajustan a las condiciones impuestas por el derecho comunitario relativo a las ayudas de Estado a la reestructuración.

SNCB posee el 89,03% del capital de la sociedad anónima IFB. La SNCB desarrolla su actividad principal en el ámbito del transporte ferroviario y en actividades afines, como el mantenimiento y almacenaje de mercancías, la explotación de terminales de la red ferroviaria o la organización del transporte de mercancías. Durante los ejercicios 2001 y 2002, IFB tuvo unas pérdidas considerables y se vio la necesidad de llevar a cabo ajustes estructurales de la gestión de la empresa a largo plazo.

Por este motivo, IFB y la SNCB llegaron a un acuerdo marco el 7 de abril de 2003 en virtud del cual se le concedía a IFB un mayor plazo para el pago de los créditos que se le habían concedido por valor de 63 millones de euros; se acordó un anticipo de 5 millones de euros, un préstamo de 15 millones, la conversión en capital de los créditos y del préstamo y un aumento del capital adicional de 5 millones de euros.

Dado que el plan de reestructuración tiene que permitir que IFB sea de nuevo una empresa viable, después de haber analizado el caso la Comisión no excluye que IFB haya recibido parte de estas ayudas menos de tres años después de su creación y, por lo tanto, no podría ser beneficiaria de las mismas.

Además, la Comisión Europea duda que Bélgica haya limitado todo lo posible las consecuencias desfavorables que pudieran acarrear este tipo de ayudas sobre la competencia. En definitiva, el Ejecutivo comunitario considera que IFB no parece haber colaborado en su propia reestructuración, requisito exigido por las líneas directrices comunitarias sobre las ayudas de Estado para salvar a empresas con dificultades.