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La CE autoriza la recapitalización de Alitalia pero exige al Estado comportarse como un inversor privado

La Comisión Europea dio hoy su visto bueno a la recapitalización por valor de 1.200 millones de euros de Alitalia y a la inversión pública de 216 millones en su filial de servicios (AZ Services), pero condicionada al respeto de las condiciones impuestas para garantizar que el Estado italiano actúe como lo haría un inversor privado.

“Después de un análisis preciso y riguroso, la Comisión ha concluido que las recapitalizaciones de Alitalia no contienen ninguna ayuda de Estado”, dijo el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Jacques Barrot.

La participación del Estado en la ampliación de capital de 1.200 millones de euros de Alitalia deberá concretarse al mismo precio y en las mismas condiciones que la de los inversores privados. La Comisión ha recibido una carta de intención de Deutsche Bank en la que garantiza la intervención “efectiva y mayoritaria” del sector privado en la operación, y considera que de esta forma se cumple el compromiso asumido por Italia de privatizar la compañía y se excluye la presencia de ayudas de Estado.

La sociedad AZ Servicios, que reúne las actividades de mantenimiento, asistencia en escala y servicios compartidos con Alitalia, será recapitalizada por el holding público Fintecna a la altura de 216 millones de euros. Bruselas ha verificado, con la ayuda de expertos independientes, que esta inversión presenta una rentabilidad conforme a la que esperaría un inversor privado.

Por otro lado, la Comisión ha constatado –a través de un análisis de mercado, consultas a terceros y recurso a un experto independiente– que las condiciones que impuso al uso de la ayuda al salvamento de 400 millones de euros autorizada en 2004 han sido respetadas. Las nuevas capacidades de la compañía respetan los compromisos y las nuevas rutas son rentables.

Además, las autoridades italianas se han comprometido a devover anticipadamente este préstamo tan pronto como concluya la recapitalización de Alitalia y en todo caso antes del 31 de diciembre de 2005. El Ejecutivo comunitario anunció que seguirá “velando estrictamente” por el respeto del conjunto de las condiciones impuestas a las autoridades italianas.

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