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La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, denunció hoy que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), que preside Marisol Yagüe, sigue sin decretar la paralización de obras declaradas “ilegales” y suspendidas por los tribunales, actitud que, en su opinión, está “haciendo un daño irreversible a Marbella y a su ordenación territorial y urbanística” al consagrar “situaciones de ilegalidad”.

En respuesta a una pregunta oral formulada por el diputado del PSOE Luciano Alonso en la Comisión de Infraestructuras del Parlamento andaluz, Gutiérrez informó de que su departamento ha impugnado desde 1994 un total de 404 licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Marbella, 132 de ellas aprobadas por el actual equipo de gobierno, que no sólo “sigue actuando de la misma forma que el anterior”, sino que además lo hace “con conocimiento de que van contra el ordenamiento vigente y contra el futuro de Marbella”.

La titular andaluza de Obras Públicas hizo especial hincapié en el hecho de que el cambio experimentado en la actitud de los tribunales a partir de 2003, una vez anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, que se ha traducido en “sentencias favorables a la Junta y condenatorias para el Ayuntamiento”, no han modificado la actitud del gobierno municipal que, “en lugar de acatar sentencias y disponerse cumplir los autos de suspensión de obras no ajustadas a la legalidad, está obstaculizando su cumplimiento y pretende hacer irreversibles las situaciones de ilegalidad”.

Tras resaltar que los tribunales ya han dictado “más de 20 sentencias” contra el Ayuntamiento en el ámbito contencioso-administrativo “y también en el ámbito penal”, Gutiérrez indicó que el gobierno municipal marbellí “no está adoptando las medidas adecuadas” y sigue concediendo licencias de obras que no incluyen “planes de desarrollo ni los equipamientos necesarios o vulneran las zonas verdes”.

“Se está haciendo un daño irreversible a Marbella y a su ordenación territorial y urbanística a pesar del intento de llegar a un acuerdo con el nuevo equipo de gobierno sobre un nuevo PGOU que clarifique la norma vigente”, añadió la consejera, que insistió en que el Ayuntamiento que preside Marisol Yagüe “sigue actuando de forma torticera y trata de buscar la irreversibilidad afectando gravemente a la ordenación urbanística de la ciudad”.

EQUIPO REDACTOR DEL PGOU

Pese a ello, Gutiérrez garantizó que la Junta “seguirá trabajando para restablecer la legalidad vigente” en Marbella y anunció que el equipo redactor del nuevo PGOU acordado en su día con el Ayuntamiento, que está “a punto de finalizar el primer avance” del nuevo plan, ha recibido el encargo de adaptar su documento a las previsiones del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol para “evitar contradicciones y motivos de confusión para los constructores”.

“La Junta de Andalucía hará todo lo posible para que Marbella tenga un plan y recupere su imagen internacional como ciudad con unos parámetros de calidad superiores a cualquier otro punto de referencia a nivel turístico”, añadió la consejera, que puso de manifiesto que “la principal actividad económica de Marbella dejó de ser el turismo desde principios de los 90 y ahora prima el cemento”.

Por su parte, el diputado del PSOE por Málaga Luciano Alonso destacó el hecho de que la Junta lleva “una década” denunciando ante los tribunales las irregularidades urbanísticas en Marbella y lamentó que no haya existido “más diligencia y rapidez por parte de los tribunales de justicia”. “La Ley es para todos, así que esperamos más sentencias por vía penal para que aquellos que han querido hipotecar el pasado y el futuro de Marbella”, concluyó.