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El Grupo por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, integrado por organizaciones, sindicatos independientes y ONG, ha hecho público un documento conjunto en el que denuncian el comportamiento “poco ético” que, amparado por la legislación laboral y la negación de la libertad sindical, las empresas inversoras en Cuba ejercen con los trabajadores, tras la celebración en La Habana de la Feria de Turismo.

El Grupo, constituido en Madrid el pasado mes de abril y formado, entre otras, por la Asociación Española Cuba en Transición, la Fundación Pablo Iglesias, la Red Eurociudadanía (España), Freedom House, National Democratic Institute (Estados Unidos), Fundación Cuba Futuro, People in Need (Holanda) o la Central venezolana de Trabajadores, tiene como objetivo alertar sobre las condiciones laborales de los trabajadores cubanos.

Así, en el documento se hace referencia a las condiciones de privación de derechos sindicales y laborales a las que son sometidos los trabajadores cubanos en un clima “de general incumplimiento y violación de las normas internacionales aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, instando a las compañías inversoras, entre las que cita expresamente a la cadena hotelera española Sol Meliá, a realizar inversiones “socialmente éticas y responsables”.

Asimismo, recuerdan que los derechos laborales de los trabajadores “son universales e inalienables” y no pueden verse limitados o anulados por condicionamientos políticos o de ningún otro género.

Considerando que la responsabilidad social de las empresas es “una obligación universal”, el Grupo denuncia la actuación de las empresas inversoras en Cuba, que, valiéndose de la “nula libertad sindical existente en la isla y amparadas por la propia legislación cubana someten a los trabajadores cubanos a condiciones laborales abusivas que en ningún caso serían permitidas en sus países de origen”.

El manifiesto recuerda que en Cuba “no existe libertad sindical y el Gobierno viola reiteradamente los principales convenios firmados con la OIT, mientras prohíbe la creación y el desarrollo de los sindicatos independientes”.

“El derecho a la huelga no está reconocido”, señalan. Una Ley de 1995 estipula que los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en empresas extranjeras, sólo pueden ser contratados a través de agencias empleadoras creadas por el Estado y éstas pagan a los trabajadores una cifra inferior en la desvalorizada moneda cubana, reteniéndoles hasta un 98% de sus salarios.

En este sentido, diversas entidades españolas inversoras en Cuba, dicen, “se aprovechan de la legislación local para llevar a cabo prácticas empresariales abusivas que en su país de origen se considerarían ilícitas o faltas de ética, y que en ningún caso tendrían cabida en la normativa aprobada por los gobiernos democráticos”.

En 2004 existían en Cuba 364 empresas vinculadas a la inversión extranjera, procedentes de unos 60 países. En su opinión, y en virtud de las regulaciones internacionales, los inversores y sus accionistas “se han convertido en cómplices de los abusos, la discriminación y las violaciones de las leyes internacionales en materia laboral vigentes en Cuba”.

Por ello, instan a los empresarios españoles a que, en el marco de los derechos laborales y sindicales recogidos en los acuerdos de la OIT, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la propia legislación española, “cumplan las leyes y lleven a cabo inversiones socialmente responsables”. También piden a la sociedad española que “conozca y denuncie la situación de discriminación permanente vivida por los trabajadores cubanos”.

Entre los firmantes del documento se encuentran asociaciones, organizaciones y ONG cubanas, españolas, norteamericanas, holandesas y venezolanas, creadoras del Grupo por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba.