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El director general de la Dirección General de Aviación Civil francesa (DGAC), Michel Wachenheim, se lamentó hoy de que “la circulación de informaciones entre países” en lo relativo a la vigilancia de las aerolíneas y sus estándares de seguridad “es muy débil” y denunció que “cierto número de países no son favorables” a mejorar el intercambio de datos.

En una entrevista con el diario ‘Le Monde’, Wachenheim aseguró que las autoridades de Colombia no habían informado a Francia de que la aerolínea West Caribbean, operadora del MD-82 que se estrelló el pasado martes en Venezuela causando la muerte a 152 pasajeros de la isla francesa de Martinica, había sido multada por graves infracciones a la seguridad.

Las autoridades colombianas multaron a West Caribbean el pasado enero con 46.000 dólares (unos 36.800 euros) por fallos de seguridad pero, según el responsable francés, “esa información no fue comunicada a ningún Estado extranjero”.

Wachenheim explicó que, según las reglas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), cada Estado es responsable de controlar la seguridad de sus aerolíneas nacionales y no está obligado a compartir la información con otros países.

Además, la OACI ha realizado en los últimos 10 años auditorías de seguridad en 181 países y, según un informe de la diputada socialista francesa Odile Sausages, en 111 países se registraron fallos y una treintena no ha hecho nada por mejorar su situación.

El jefe de la DGAC confirmó que una treintena de países “no están a la altura de sus compromisos” –precisando que Colombia no es uno de ellos– pero, una vez más, recordó que la lista es secreta, y no se ha hecho pública porque “es una decisión política que debe tomarse a nivel internacional”.

Wachenheim se mostró abierto a la posibilidad de crear una ‘lista negra’ de aerolíneas, como ya ha hecho Reino Unido y está preparando el conjunto de la UE, pero señaló que esto también requiere una “decisión política” y que de momento Francia ha optado por crear una “etiqueta azul” para las compañías que se sometan voluntariamente a una auditoría de seguridad.