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El Ministerio de Fomento está estudiando si, en la actualidad, se dan las condiciones que “justifiquen” una revisión de las obligaciones de servicio público en las rutas aéreas, entre ellas las interislas de Balears, así como el establecimiento de nuevos recorridos que se adhieran a esta situación, respetando en este caso la normativa de la Unión Europea.

En una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio informa que está realizando estos estudios, cumpliendo así el mandato aprobado por la Cámara Baja el pasado dos de noviembre de 2004, en la que se acordó instar al Ejecutivo estatal a iniciar en el ejericio 2005 este análisis para realizar los trámites necesarios “de común acuerdo con las Comunidades Autónomas”.

Desde algunas asociaciones, como la Asociación de Agencias de Viaje de Balears (AVIBA), se ha solicitado en los últimos tiempos (especialmente el pasado verano cuando Air Nostrum subió los precios por el elevado repunte del barril de petróleo) una revisión de la declaración de servicio público en los vuelos interislas.

En este sentido, el presidente de Aviba, Jaume Bauzá, abogó por eliminar el monopolio existente en los vuelos interislas, de manera que se permita la concurrencia de más compañías aéreas y el propio mercado regule los precios de los vuelos “a la baja”.

TRANSPORTE MARÍTIMO.

Asimismo, en la respuesta parlamentaria, el Ministerio informa, a pregunta de la diputada del Grupo Popular, María Salom, que ha incorporado a los presupuestos generales de 2005 una enmienda por un importe de 434.560 euros para subvencionar el transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino a Balears, lo que supone un incremento del once por ciento respecto al ejercicio anterior.

Adicionalmente, Fomento dice que se va a estudiar si debe modificarse el Real Decreto que regula este régimen de subvención, teniendo siempre presente, subraya el Ministerio, que el mismo establece la sujeción de las compensaciones a lo previsión por la Comisión Europea (’regla de minimis’), que establece un límite máximo a la cifra de estas compensaciones.

Con ello, señala que “esto significa que los porcentajes de bonificación no podrán incrementarse si ello supone sobrepasar el límite fijado por la normativa comunitaria”. Por último, señala que no se han detectado peticiones de los sectores económicos perceptores de estas subvenciones para que se proceda a una “revisión sustantiva del régimen actualmente vigente”.