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El Ministerio de Fomento prevé aprobar entre febrero y marzo las dos órdenes ministeriales que permitirán regular la entrada de nuevos operadores en el negocio de transporte de mercancías en tren, anunció hoy el secretario general de Infraestructuras, Antonio Monfort.

En concreto, el Ministerio prevé aprobar este mismo mes la Orden Ministerial sobre los Cánones que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) deberá cobrar a Renfe y al resto de eventuales nuevos operadores por otorgarles surcos de vía en los que prestar servicios de transporte.

El proceso y condiciones para solicitar y obtener derecho a explotar dichos surcos se regulará en la preceptiva Orden Ministerial sobre Declaración de Red y Adjudicaciones de Capacidad que, según Monfort, actualmente es objeto de consulta por el Consejo de Estado y se aprobará en marzo.

Estas son las dos principales ordenes ministeriales de las cinco que Fomento debe aún diseñar y aprobar para culminar el desarrollo normativo de la Ley del Sector Ferroviario, dado que permitirán la apertura a la competencia en la práctica de este sector que se inició de forma teórica con la entrada en vigor de esta ley el pasado 1 de enero.

Hasta el momento, Trasfesa, Continental Rail (ACS) y FCC han manifestado ya al Departamento que dirige Magdalena Alvarez su intención de solicitar una licencia para poder competir con Renfe en transporte de mercancías en tren, y están a la espera de que concluya este desarrollo normativo para poder realizar los trámites oportunos.

Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso, Monfort adelantó también que el Ministerio aprobará la Orden Ministerial sobre homologación de material, así como la referente a homologación de personal durante los próximos meses de junio o julio.

NO IMPIDE CONCESIÓN DE LICENCIAS.

No obstante, Monfort recalcó que los plazos previstos para la aprobación de estas últimas órdenes ministeriales, “no impiden ni la presentación ni concesión de nuevas licencias, ni la actividad ferroviaria de Renfe”.

De hecho, incidió en que el calendario previsto para la aprobación de dichas órdenes ministeriales es “perfectamente compatible” con la obtención de licencias por parte de cualquier operador privado que quiera pedirlas desde “el momento presente”.

Respecto a la quinta orden ministerial, la relativa a la segregación de activos del antiguo monopolio Renfe entre el Adif y Renfe Operadora, apuntó que, previsiblemente, se aprobará en junio, y que, como las anteriores, no influirá en el desarrollo y aplicación en el nuevo modelo del sector ferroviario.

En cuanto a este último desarrollo normativo, precisó que se trata de un proceso “muy complejo” y que, dado que dicha orden ministerial tiene como objetivo aclarar la valoración de activos, se solicitará la concurrencia de la Intervención de la Administración General del Estado.

TRASPASO DE GESTION DE CERCANIAS.

Por otro lado, Monfort se refirió a las reclamaciones de algunas formaciones nacionalistas como la de CiU para que el Gobierno proceda a la transferencia de los servicios de cercanías de Renfe a las comunidades autónomas, para asegurar que se trata de un debate “muy prematuro”.

En este sentido, indicó que, previamente, convendría hacer “reflexión política” para determinar las “responsabilidades y las competencias en materia de titularidad y la financiación” de los servicios de cercanías y regionales que son “deficitarios” por “voluntad política”, puesto que favorecen un determinada política de transporte en el ámbito urbano y metropolitano.

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Fomento y Vivienda, Andrés Ayala, arremetió contra la gestión acometida en infraestructuras por el Ministerio de Fomento que, a su juicio, se caracteriza por el “parón” de inversiones y proyectos y por el “ralentí” en la puesta en marcha de políticas.

En su réplica, Monfort negó tajantemente estas cuestiones a la vez que recalcó que la política ferroviaria del Ejecutivo no está sufriendo “ningún parón en obras públicas”, sino “todo lo contrario”, y destacó la apuesta del Gobierno por un “ferrocarril público, viable y social”.