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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) condenó hoy a Grecia por no tomar todas las medidas necesarias para recuperar las ayudas públicas ilegales concedidas a la compañía aérea Olympic Airways durante el periodo comprendido entre 1998 y 2002, que superan los 100 millones de euros.

La sentencia considera que las acciones emprendidas por las autoridades griegas han sido “bien tardías, bien incompletas, o carentes de fuerza vinculante, porque no consiguieron la recuperación efectiva de las cantidades debidas por Olympic Airways”. “No cabe considerar que dichas iniciativas den cumplimiento a las obligaciones de los Estados miembros en el ámbito de recuperación de las ayudas de Estado”, señala.

Asimismo, el Tribunal critica la ley adoptada por el Gobierno griego para traspasar a una nueva sociedad, Olympic Airlines, el personal y los activos de la antigua empresa Olympic Airways, la cual conservó en cambio lo esencial del pasivo. Esta iniciativa “obstaculizó” la recuperación de las ayudas con las que Grecia sostuvo las actividades comerciales de la empresa.

En 1998, la Comisión aprobó diversas ayudas del Estado griego a la reestructuración de Olympic Airways para el periodo 1998-2002. Pero en 2002 el Ejecutivo comunitario inició un procedimiento por incumplimiento debido a que no se había aplicado este plan ni se habían respetado las condiciones para la concesión de los fondos.

Asimismo, Bruselas detectó la existencia de nuevas ayudas operativas, consistentes en que el Estado griego había tolerado el impago o la prórroga de los plazos de pago del IVA que graba los combustibles y recambios de los aviones, de las rentas de arrendamiento adeudadas a los aeropuertos (2,64 millones de euros), de las tasas aeroportuarias debidas al aeropuerto de Spata (33,9 millones de euros) y de una tasa que abonan los pasajeros al salir de los aeropuertos griegos (61 millones de euros).

En consecuencia, la Comisión impuso a Grecia la obligación de recuperar sin dilación, y con intereses, el segundo tramo de la ayuda a la reestructuración (por un importe de 41 millones de euros), así como las nuevas ayudas operativas, que se le habían concedido de forma ilegal. Ante la inacción del Gobierno griego, el Ejecutivo comunitario acudió al Tribunal que hoy le da la razón.