Actualidad24horas.com

El PSOE defiende en una propuesta de resolución tras el Debate sobre el estado de la Nación -que será votada mañana en el Pleno del Congreso junto con las que presenten las demás formaciones- la creación y mantenimiento de un ‘parque’ de vivienda protegida, “suficiente y estable”, que se adecue a las necesidades y demandas sociales. Por su parte, Izquierda Verde (IU-ICV) quiere, en otra propuesta de resolución propia, que se grave fiscalmente “con intensidad” las viviendas desocupadas para favorecer su puesta en el mercado de alquiler.

La iniciativa socialista pide que la creación del ‘parque’ se adecue a las necesidades y demandas de los ciudadanos, así como a sus modos y formas de vida actuales. Para ello, anuncia que “se estudiarán nuevos tipos de vivienda protegida” y que atenderán a variables como ubicación, tamaño, servicios y dotaciones.

Otro punto de esta propuesta de resolución demanda el diseño de una política específica de vivienda para colectivos con necesidades singulares, como jóvenes, mayores, víctimas de violencia de género, de terrorismo o discapacitados.

También quiere que la vivienda protegida incremente su proporción respecto al mercado total de vivienda para residencia habitual y permanente, extendiendo el periodo de calificación de vivienda protegida a toda la vida útil; y a la creación de un sistema de información que incorpore datos sobre urbanismo y suelo en todo el Estado que permita conocer la existencia de suelo clasificado y calificado.

El Partido Socialista quiere además instar al Ejecutivo a promover el equilibrio de los mercados de vivienda en venta y alquiler; garantizar la igualdad de oportunidades en su acceso; y a que se cree una Comisión Interministerial de Suelo para la coordinación de los distintos Ministerios titulares de bolsas de suelo público del Estado.

IU-ICV: INCREMENTAR COMPETENCIA DE CC.AA

Esta propuesta de resolución ha sido enmendada por Izquierda Verde (IU-ICV), pidiendo que algunos de los puntos del texto socialista se modifiquen para que las Comunidades Autónomas incrementen su competencia en materia de vivienda, y se aumenten sus partidas presupuestarias para que asumirlo.

Izquierda Verde quiere además que se promuevan medidas de intervención en el mercado inmobiliario para asegurar “una oferta pública de suelo que soporte una oferta pública de vivienda suficiente y contrarrestre la especulación en el mercado libre”.

PENALIZAR LAS DESOCUPADAS

Además de enmendar el texto socialista, IU-ICV ha presentado su propia propuesta de resolución sobre este tema, en la que defiende que se grave fiscalmente “con intensidad” las que se encuentren desocupadas para favorecer así su puesta en el mercado de alquiler. En este sentido, además impulsa la creación de Agencias Públicas Autonómicas de alquiler de viviendas desocupadas.

IU-ICV pide en otro punto de la misma propuesta de resolución que se impulse un Pacto de Estado entre la Administración General del Estado (AGE) y las Comunidades Autónomas para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), que estarían calificadas de por vida; y Vivienda Social, que sólo se cederían en alquiler. El objetivo es que el 40 por ciento de las actuaciones en materia de vivienda protegida se destinen al alquiler social o protegido.

La misma propuesta de resolución justifica además que se invierta la proporción actual de gasto público en vivienda, para lograr que el gasto indirecto en forma de beneficios fiscales se limite al 50 por ciento, y que el destinado a inversión directa alcance la misma proporción.

PP: EVITAR LA ESPECULACION

Por su parte, el PP también ha presentado su propia propuesta de resolución sobre vivienda en la que quiere que se inste al Ejecutivo a que conceda “la mayor prioridad” a la negociación de un Pacto de Suelo y Vivienda con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales que permita facilitar la transformación de suelo urbanizable en suelo apto para edificar y que, al mismo tiempo, se evite la “retención especulativa del suelo”.

Para ello, la formación ‘popular’ quiere que el Ejecutivo comience con las autonomías y la FEMP las negociaciones sobre la reforma de la ley del Suelo y Valoraciones; así como una relación de los suelos de titularidad estatal que el Ejecutivo tenga previsto incorporar a los Planes de Vivienda de cada comunidad autónoma.

Por último, el PP quiere que el Ejecutivo formalice con las Administraciones Autonómica y Local una serie de convenios para que los Ministerios de Defensa, Fomento, Interior y Hacienda les cedan suelo de titularidad estatal; y que Defensa revierta las plusvalías de 380 millones de euros -obtenidas en la ‘Operación Campamento’ en la Comunidad de Madrid- en la mejora de las infraestructuras de la zona.