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El gobierno asturiano se propone estimular la concertación pública y privada en la producción de suelo para vivienda públicas, con el objetivo de construir 15.000 viviendas protegidas durante la actual legislatura. El presidente del Principado, Vicente Alvárez Areces, expuso hoy en Madrid, en un acto organizado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), los proyectos de su gabinete en este ámbito, acto que contó con la presencia del presidente de CEOE, José María Cuevas y del presidente de CNC, Fernando Juan Lazcano.
Durante su intervención, Areces explicó que su política de vivienda se fundamenta en tres ejes: legislación urbanística, programa de suelo residencial y Plan de Vivienda. Así, ha incorporado las aportaciones que dan la posibilidad, señaló, de que “un empresario distinto de los propietarios del suelo pueda ejecutar la urbanización del suelo y cobrarla en metálico o en solares urbanizados”.
El ejecutivo asturiano ha creado la figura del “suelo urbanizable prioritario” que, dijo Areces, “permite actuar a los propietarios del suelo en un primer momento, y sólo ante la inactividad de éstos transcurrido un tiempo, dar paso a un urbanizador distinto de los propietarios, ofreciéndoles una iniciativa y garantías mayores que la aplicación directa del agente urbanizador”.
De este suelo “prioritario”, al menos el 30 por ciento de las viviendas han de contar con algún régimen de protección de manera que se garantice que las reservas para viviendas protegidas se vinculen a la gestión del suelo y no queden como un “mero compromiso en el planteamiento que, como demuestra la experiencia de otras comunidades, no llega siempre a hacerse efectiva”.
Areces explicó que la figura del “agente urbanizador” permite a Asturias desarrollar una política en la que más del 50 por ciento del suelo de cada ámbito, o a suelo industrial que se oferte en condiciones ventajosas para facilitar la implantación de nuevas empresas en nuestro territorio”. El Principado emplea para gestionar esta política la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (SOGEPSA), dotada de la condición de beneficiaria de la expropiación.
Por otro lado, el gobierno asturiano ha creado un “instrumento de concertación público-privada” que supone que cuando los propietarios del suelo y promotores alcancen un acuerdo entre ellos que permita destinar actuaciones íntegramente a viviendas protegidas, Principado y Ayuntamientos pondrán a su servicio “mediante convenio, una autopista de tramitación” que hará posible que la parte pública alcance sus objetivos en política de vivienda y a la privada “eliminar incertidumbres de los procedimientos de gestión de suelo”.
“Hemos creado la vivienda protegida-concertada con un precio limitado para que se ajuste al plan estatal”, dijo Areces y añadió que este tipo ha funcionado de cara a aquellos que no han podido acceder al mercado libre.
SUELO RESIDENCIAL
Por lo que respecta al Plan de Suelo Residencial, elaborado por SOGEPSA, se han definido un conjunto de veintitrés actuaciones con una previsión aproximada de 23.500 viviendas con, al menos, 11.750 con algún tipo de protección.
Areces explicó que SOGEPSA es una sociedad con veinte años de gestión en políticas de suelo, de capital mixto en la que el principal accionista, con un 45 por ciento de títulos es el Principado, que con la participación de los ayuntamientos configura la mayoría pública de la sociedad.
De otro lado, el presidente asturiano manifestó su apoyo al Plan de Vivienda Estatal y explicó que el Plan del Principado contempla importantes subvenciones para actuaciones de autopromoción o rehabilitación de viviendas en el medio rural con el objetivo de fijar población y de propiciar la conservación de un “importante patrimonio residencial”.
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