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El PP condiciona interponer un recurso de inconstitucionalidad al Plan de Vivienda 2005-2008 ante los tribunales a que el Departamento que dirige Maria Antonia Trujillo retire la ampliación de la calificación de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) a su vida útil, excluir la creación de los registros de demandantes de viviendas protegidas, así como la constitución de ventanillas únicas y la incorporación de organismos dependientes de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES).

Según informaron fuentes del grupo popular a Europa Press, el partido dirigido por Mariano Rajoy considera “innegociable” cuatro puntos que contempla el actual borrador del plan de vivienda para que no presenten las comunidades autónomas que dirige un recurso ante los tribunales al texto por invadir sus competencias.

Inicialmente, el PP prevé elevar hoy sus exigencias al Ministerio de Vivienda, aunque esta iniciativa depende de si este Departamento comunica oficialmente a los directores generales que se amplia el plazo de alegaciones una semana más. “Ante el desconcierto generado por la ministra de Vivienda respecto al plazo de alegaciones, el PP presentará sus propuestas hoy si no hay un comunicado oficial de la prórroga antes de las 20 horas”, precisaron dichas fuentes.

En concreto, el PP plantea que las comunidades autónomas regulen como quieran la calificación de la VPO, ya que consideran “injusto” que el propietario no pueda vender esa vivienda en el mercado y quede en manos del patrimonio del Estado cuando la ha estado financiando el ciudadano.

Asimismo, denuncian que con el nuevo plan si un ciudadano solicita una ayuda estatal para adquirir una vivienda de segunda mano, ésta adquiere una calificación protegida y posteriormente sólo puede ser vendida en ese mercado protegido, por lo que, según apuntaron, el propietario perderá dinero.

REGISTROS DE DEMANDANTES DE VPOS.

Otro de los puntos “innegociables” es la creación de registros de demandantes al que se deberán adscribir aquellos que quieran adquirir viviendas protegidas, ya que, a su juicio, invade las competencias de los gobiernos autonómicos en materia de lucha contra el fraude, y además no permiten al ciudadano que quiere una vivienda elegir la opción más adecuada a sus circunstancias. Por ello, abogan por que cada comunidad desarrolle otros mecanismos, como el de derecho de tanteo y retracto.

La intromisión de las ventanillas únicas en las comunidades autónomas es otro de los puntos conflictivos, dado que, a su juicio, esta figura supone “un espía” para los gobiernos regionales que, según explicaron, ya tienen puntos de información en materia de vivienda, y que ofrecen a los ciudadanos datos a escala autonómica y estatal. Igualmente, el PP ve que la incorporación de organismos adscritos a SEPES en las regiones invaden las competencias.

REDUCCION DE AYUDAS.

El texto que elevará el Partido Popular exige al Ministerio de Vivienda que mantenga el mismo presupuesto destinado a ayudas para la entrada de una vivienda, dado que el borrador actual reduce ese importe tanto en ese tipo de subvenciones como en las relacionadas con la rehabilitación de la vivienda, ya que sólo cubre los casos de accesibilidad, estanqueidad -humedades-, y el fomento de energías renovables.

Asimismo, denuncia que Vivienda dejará de financiar actuaciones para alojamientos protegidos destinados a mayores que contempla el Plan de Alvarez Cascos, y descartará la construcción de viviendas de alquiler con opción de compra. Por último, solicita que las ayudas a los inquilinos por un importe anual de 2.880 euros se prorroguen de dos a cinco años, y a partir de esa periodo que se estudie su mantenimiento según las circunstancias personales del beneficiario.