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El Plan de Vivienda 2005-2008, que aprobará mañana el Consejo de Ministros, incluirá dentro de las nuevas tipologías de viviendas pisos protegidos en régimen de arrendamiento con una superficie de entre 30 y 45 metros cuadrados destinados a los jóvenes menores de 35 años, con el fin de facilitar su emancipación.

Así lo anunció hoy la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, tras finalizar su reunión con todos los consejeros autonómicos para analizar los puntos que conformarán el Plan de Vivienda 2005-2008.

En este sentido, la titular de Vivienda explicó que la superficie de los pisos protegidos en alquiler para jóvenes será determinada por cada comunidad autónoma, pero siempre dentro de la horquilla 30-45 metros cuadrados, y afirmó que esta medida se incluirá en un capítulo específico del Plan que contempla iniciativas específicas para los jóvenes menores de 35 años.

Así mismo, añadió que este colectivo podrá beneficiarse de los ‘minipisos’ de forma “transitoria”, de manera que podrán acceder a otras viviendas con mayor superficie o comprar un piso protegido sin devolver las ayudas cuando cambien sus circunstancias personales, como es el caso del incremento del número de miembros de la familia.

La ministra de Vivienda mostró su satisfacción al haber alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas sobre el futuro plan, que calificó de “consensuado”, “moderno” y “flexible”, ya que, según precisó, respeta las competencias en materia de vivienda de los Ejecutivos regionales y cuenta con el apoyo del sector privado y público.

En concreto, explicó que el plan hace especial referencia a determinados colectivos, además de a los jóvenes, como las personas mayores, las víctimas del terrorismo y la violencia doméstica, entre otros, y permitirá elevar la productividad de la economía española. “Habrá más ciudadanos que se beneficien del plan, ya que realizarán un menor esfuerzo financiero”, precisó.

VIDA UTIL A PARTIR DE 30 AÑOS.

Uno de los aspectos que contiene el Plan de Vivienda es la calificación de la vivienda útil de la vivienda protegida por un mínimo de 30 años, según avanzó Trujillo, quien explicó que las comunidades autónomas establecerán el periodo a partir de ese plazo, y añadió que esta medida busca evitar el fraude y mantener un parque de VPOs.

Asimismo, indicó que se han incorporado mejoras en la transmisión de las viviendas protegidas, ya que el propietario podrá venderla a partir de los diez años desde su adquisición al registro de demandantes o a los mecanismos de control “análogos” puestos en marcha por los gobiernos regionales, aunque en determinados casos ese periodo puede ser inferior.

Otra de las aspectos modificados respecto al texto inicial es la obligatoriedad de crear registros de demandantes para que las actuaciones cuenten con financiación. El nuevo documento permite a las comunidades autónomas crear mecanismos de control “análogos” a los registros durante un periodo “transitorio”.

Asimismo, el nuevo documento retira la prohibición de financiar las viviendas en régimen del alquiler con opción a compra, propuesta elevada por la Comunidad de Madrid y a la que se sumaron otras regiones como Castilla-La Mancha y Andalucía.

CONSENSO DE LAS CC.AA.

Por su parte, la mayoría de las comunidades autónomas reconocieron que el nuevo borrador supone un “avance” respecto al presentado el pasado mes de mayo, al modificar el periodo de vida útil de una VPO a un periodo mínimo de 30 años y al flexibilizar la obligación de crear un registro de demandantes de viviendas protegidas. No obstante, algunas regiones mantienen sus discrepancias, porque el Plan de Vivienda invade sus competencias.

En concreto, Extremadura y Andalucía se mostraron especialmente críticas a la creación del registro y a la vida útil de VPO, así como La Rioja que mantiene la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad al Plan por invadir las competencias autonómicas.

La consejera de Obras Públicas de Andalucía, Concepción Gutiérrez, señaló que gobiernos autonómicos deben tener la gestión y competencia del sistema de adjudicación de las viviendas protegidas y destacó la importancia del Parlamento autonómico de actuar como “soberano” sobre la vida útil de las VPOs y las fórmulas de control de la transmisión de este tipo de viviendas.

MENOS PRESUPUESTO.

Igualmente, las regiones gobernadas por el PP afirmaron que el texto eleva el número de actuaciones a 720.000 en el cuatrienio, pero, advirtieron que las ayudas económicas son menores que las del Plan de Vivienda 2002-2005. En concreto, el responsable de Vivienda de Murcia (PP), Joaquín Bascuñano, afirmó que todavía queda por fijar las partidas presupuestarias del plan, pero señaló que el importe será menor o igual que el actual.

“El borrador nuevo difiere sustancialmente del primero, ya que se han producido rectificaciones importantes que han permitido acercar posiciones entre el Ministerio y las comunidades autónomas, aunque hay discrepancias sobre el periodo de calificación de vivienda protegida, porque es una injerencia en las competencias, y, además, el Plan supone una disminución de las cuantías de las ayudas”, argumentó el consejero de Urbanismo de la Comunidad de Madrid (PP), Mariano Zabías.

Por su parte, el consejero de Vivienda de Aragón (PSOE), Javier Velasco, señaló que el nuevo texto duplica las actuaciones respecto a las contempladas en el Plan de Vivienda 2002-2005, por lo que, según preciso, implica un mayor presupuesto, que, según sus datos, será un 40% superior al anterior plan.

Por último, el viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Javier Dean, aseguró que se han dado “importantes retrocesos” entre el borrador inicial y el texto definitivo presentado a las comunidades autónomas, ya que, a su juicio, la calificación permanente de las VPO, elevada por el PSOE a su programa electoral y anunciada como novedad por la ministra Trujillo, se ha visto “drásticamente” reducida a tan sólo 30 años”.