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La Comisión de Transportes de la Eurocámara se dividió de nuevo a propósito de la liberalización de los servicios portuarios y fue incapaz de alcanzar una decisión durante el voto de hoy. Las enmiendas para desechar completamente la nueva directiva de puertos fueron derrotadas por un estrecho margen, y lo mismo ocurrió con una propuesta de compromiso para aprobar la nueva legislación introduciendo modificaciones.

La pretensión del Ejecutivo comunitario de introducir la competencia en los servicios portuarios –como el practicaje, el remolque y la carga y descarga de buques– se ha enfrentado a un historial de polémica en su tramitación parlamentaria. Hace dos años, el 21 de noviembre de 2003, el pleno de la Eurocámara rechazó por un estrecho margen un acuerdo alcanzado en conciliación entre los Veinticinco y representantes parlamentarios. El Ejecutivo comunitario se vio obligado a presentar una nueva propuesta a finales de 2004, que ahora ha llegado al Parlamento.

En la votación de hoy, la Comisión de Transportes rechazó por 26 votos en contra, 22 a favor y una abstención las enmiendas para desechar por completo la propuesta de Bruselas. Estas enmiendas fueron presentadas por el Partido Socialista Europeo, los Verdes, Izquierda Unitaria y los representantes británicos del Partido Popular.

No obstante, el informe de compromiso final elaborado por el parlamentario alemán del PPE Georg Jarzembowski, que incluía entre sus puntos clave excluir los servicios de pilotaje de la liberalización, fue también rechazado por 24 votos en contra y 23 a favor. En la votación final del día, se adoptó una resolución legislativa que de momento deja sin cambios la propuesta del Ejecutivo comunitario.

La pelota ahora está en el tejado del pleno de la Eurocámara, que tendrá que tomar una decisión en enero de 2006. Lo más probable es que vuelva a presentarse el compromiso rechazado hoy y el resto de enmiendas. El resultado de esta votación no puede predecirse porque tanto los defensores como los que se oponen a la propuesta de Bruselas aseguran que cuentan con la mayoría.

Los defensores de la liberalización de los servicios portuarios señalan que es necesario introducir la competencia en este mercado para promover el crecimiento y la creación de puestos de trabajo.

Aquellos que se oponen señalan el riesgo de una destrucción masiva de puestos de trabajo y del deterioro de las condiciones laborales del sector. La directiva ha sido especialmente criticada por el colectivo de los estibadores.