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El portavoz del Grupo Municipal del PA en el Ayuntamiento de Vejer (Cádiz), Daniel Sánchez, acusó hoy al Gobierno del PSOE en el Consistorio vejeriego de una operación realizada en 1998, donde se vendió una parcela de 1.638 metros cuadrados calificada en las Normas Subsidiarias como urbana en el casco histórico y donde “la finalidad era la construcción de unas viviendas sociales que nunca se han construido”.

En un comunicado de prensa remitido a Europa Press, Sánchez aseveró que en la operación efectuada por el Ayuntamiento “se ha incumplido todo lo especificado en el procedimiento abierto para la subasta”, ya que, según el dirigente andalucista, recogía la obligación de la empresa adjudicataria de los terrenos (Grupo Inmobiliario Jale) de construir viviendas sociales en un plazo máximo de dos años.

Por ello, el portavoz andalucista acusó al Gobierno local de perjudicar los intereses de los ciudadanos del municipio “vendiendo un patrimonio que tiene de tiempo inmemorial y que sacó a subasta con la excusa de hacer viviendas sociales, cuando siete años después lo único que existe es un cartel anunciando la propiedad de los terrenos por el Grupo Jale”.

Así, Daniel Sánchez solicitó “la inmediata reversión de esos terrenos al Ayuntamiento” y responsabilizó de la situación directamente al alcalde de Vejer, Antonio Jesús Verdú (PSOE), argumentando que “con el silencio del alcalde, se propicia una ilegalidad más con el patrimonio de todos los vejeriegos, que ya están hartos de que se les engañe y se especule con sus intereses”.

Asimismo, calificó de “inmoral que se juegue con la sensibilidad de un pueblo que ha visto cómo sus gobernantes han sido incapaces de hacer en diez años una mínima oferta en materia de viviendas sociales”. Por otro lado, el portavoz andalucista anunció que ha registrado un escrito solicitando al alcalde información sobre el destino de los más de 83.700 euros que percibió del Grupo Jale en el año 2000 después de un requerimiento de la anterior interventora”, ya que según Sánchez, “la ley en este aspecto es muy clarita, y obliga a los ayuntamientos a destinar a la compra de suelo para la construcción de viviendas sociales, los ingresos obtenidos por la venta de patrimonio municipal, o en todo caso, no se puede usar para gastos corrientes”.