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El conseller balear de Economía, Hacienda e Innovación, Lluís Ramis de Ayreflor, no prevé aplicar de momento el Impuesto sobre la Circulación de Vehículos de Alquiler sin Conductor, conocido como la ‘autotasa’, hasta conseguir un mayor consenso con el sector de las empresas de alquiler sobre el pago de este tributo, que se aprobó el 27 de diciembre en el Parlament.

Así lo manifestó Ramis de Ayreflor en respuesta a una pregunta en el pleno del Parlamen formulada por el diputado del Grupo Socialista, Antoni Diéguez, acerca de si el Govern contempla conseguir dentro de esta legislatura el consenso necesario con el sector para poder aplicar el tributo. El diputado calificó el tema de la ‘autotasa’ como un “ridículo legislativo de primer orden”.

Ante esta situación, Diéguez solicitó al Govern que “reconozca que ha equivocado” y que “deroge el impuesto” sobre los coches de alquiler en los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma.

No obstante, Ramis de Ayreflor aseguró que “continúan trabajando”, y confió en que a lo largo de la legislatura se avance en las negociaciones con las empresas de rent a car. En este sentido, el conseller se reunirá próximamente en Menorca e Ibiza con las patronales del sector para lograr un acuerdo sobre el pago de esta figura tributaria.

Además, se defendió al apuntar que el Ejecutivo balear ha logrado recaudar en el primer trimestre de este ejercicio un total de 30 millones de euros provenientes de los impuestos que gestionan Baleares, una cifra que “duplica” los 15 millones que preveían ingresar con la aplicación de la ‘autotasa’.

Tanto la Asociación Empresarial de Vehículos de Alquiler de Baleares (AEVAB) como la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (FENEVAL) han mostrado en varias ocasiones el rechazo a un impuesto que dañaría a un sector que tiene ya actualmente numerosos problemas, como hacer frente a la fuerte competencia de precios, y a las constantes subidas de la gasolina.

Desde la patronal de ‘rent a cars’ AEVAB insisten en que su aplicación supondría una “clara discriminación” con el resto de sectores turísticos que operan en las islas, y esperan que el Ejecutivo autonómico busque otras alternativas para no gravar a las empresas ‘legales’ y penalizar a aquellas que ofrecen competencia desleal al resto.