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La consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, María Luisa Tejedor Salguero, y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas, José Miguel Suárez Gil firmaron hoy un nuevo convenio de colaboración entre ambas instituciones para impulsar en Gran Canaria las Oficinas de Arbitraje de Consumo Turístico, así como una campaña de adhesión del sector empresarial al sistema arbitral que garantice la protección de los derechos del turista como consumidor.

Tal y como explicó el presidente cameral, la Corte de Arbitraje de Consumo Turístico tiene como objetivo crear un organismo donde los turistas que llegan a las islas puedan presentar sus reclamaciones y que éstas sean tramitadas de manera rápida y ágil, de forma que antes de que el visitante abandone la isla haya comparecido ante la Corte y se expida un laudo que será enviado a su país de origen en el menor tiempo posible. La sentencia será de obligado cumplimiento para las dos partes en litigio.

Con el proyecto de arbitraje de consumo turístico se trata de ofrecer y garantizar al usuario turístico, es decir, no solo al extranjero, sino también al nacional e incluso a los canarios demandantes y receptores de servicios turísticos, una mayor calidad en dichos servicios. La red de oficinas de Arbitraje se extenderá al resto de las islas y, sobre todo, estarán ubicadas en aquellos municipios de mayor atracción turística, informó la Cámara de Comercio.

A través del convenio se tiene previsto desarrollar una campaña de concienciación empresarial orientada a que las pymes de la provincia para que se adhieran al sistema de Arbitraje de Consumo Turístico, lo que les permitirá adquirir un distintivo, otorgado por la Cámara, para sus establecimientos como garantía de transparencia y calidad de servicio. Igualmente, se contactará con los principales operadores turísticos para lograr su adhesión al sistema ya que sin la implicación del sector empresarial, el proyecto estaría abocado al fracaso de antemano.

Según la Cámara de Comercio, este sistema supone, para los operadores turísticos, una fórmula idónea para ofrecer al turista una garantía de calidad, seriedad y transparencia de los productos o servicios que ofrecen, lo cual redundará en una mayor demanda de los mismos. El sistema Arbitral de Consumo al ámbito turístico contribuirá, sin duda, a fortalecer la imagen de un sector que es el principal motor económico de Canarias y que en estos momentos atraviesa una delicada situación, lo que le obliga a buscar nuevas fórmulas que garanticen la entrada de turistas. El compromiso de velar por la defensa y protección de los derechos de quienes nos visitan, tanto desde el punto de vista del consumidor, como de usuarios de servicios será un nuevo valor añadido que repercutirá en la elección del destino vacacional.

En esta línea, ambas instituciones entienden que debe ponerse al alcance de los turistas un método alternativo de resolución de conflictos en materia de consumo que, entre otras ventajas, permite solucionar los conflictos de forma rápida y sencilla, además de la supresión de los costes que supone el inicio de un proceso judicial y el carácter ejecutivo que adquiere la decisión arbitral, equiparable a una sentencia.

La resolución de los conflictos planteados por los turistas se realizará a través del Tribunal de Arbitraje Turístico, que funciona de forma similar a las Juntas Arbitrales de Consumo. Un organismo que no sólo se encargará de canalizar las reclamaciones, sino que contactará con las partes implicadas, turista y empresarios, convocándolos a una audiencia.

Para garantizar la imparcialidad de este Tribunal, se contará con la representación del sector empresarial, así como de aquellas instituciones que corresponde la defensa de los intereses del consumidor.

Una vez reunidos, los árbitros analizarán detalladamente las alegaciones expuestas por ambas partes, así como las pruebas aportadas, elementos determinantes para emisión de un veredicto o laudo arbitral de obligado cumplimiento. A través de este procedimiento, Cámara y Consejería, garantizan que el laudo que pondrá fin a la controversia se emitirá dentro del período de permanencia del reclamante en la zona turística.