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El Ayuntamiento de Santiago ha emplazado hoy a la Asociación Compostela Monumental ha dirigirse a la Dirección Xeral de Turismo, adscrita a la Xunta, para denunciar la proliferación de pensiones ilegales en el casco histórico de la ciudad, ya que recordó que es competencia de la Administración autonómica, y no de la local, la inspección y sanción de estas prácticas fraudulentas.
El concejal de Turismo de Santiago, Francisco Candela, atribuyó al “desconocimiento” de esta limitación de competencias entre la administración autonómica y municipal el hecho de que los empresarios de la Asociación Compostela Monumental hayan reclamado al ayuntamiento que tome medidas para erradicar estas pensiones ilegales.
“El ayuntamiento no se lava las manos ni mira hacia otro lado, sino que no tiene competencias en esta materia”, aclaró Candela, quien insistió en que los empresarios deben requerir a la Inspección de Turismo que “asuma su responsabilidad y establezca los mecanismos de sanción que la ley le otorga” para erradicar esta competencia ilegal.
“Se trata de una competencia de las comunidades autónomas y a cada administración hay que exigirle lo que el propio sistema institucional le ha adjudicado”, reiteró el edil de Turismo.
Los empresarios santiagueses agrupados en la Asociación Compostela Monumental han denunciado estos días la proliferación de pensiones ilegales en el casco histórico de la ciudad, reclamando al ayuntamiento que tome medidas para erradicar esta práctica fraudulenta.
José Ángel Blanco, gerente de la entidad, advirtió de que desde el pasado mes de junio la proliferación de establecimientos ilegales se ha incrementado y que las ofertas se producen incluso en plena Praza do Obradoiro.
Los empresarios, comerciantes y profesionales de la zona histórica apuntan que los establecimientos del casco suponen el 20% del PIB de la ciudad y el 21% de los puestos de trabajo del municipio y pidieron al ayuntamiento que atienda sus demandas.
OTRAS DENUNCIAS
Además, la asociación ha denunciado también otras prácticas que suponen una “competencia desleal”, como la instalación de puestos comerciales con motivo de las fiestas o el descontrol en el número de terrazas autorizadas en el casco histórico. Así, han criticado que no se cumplan las condiciones de salubridad de los puestos instalados para las fiestas.
Asimismo, los empresarios asociados consideran una “injusticia” que los puestos y tenderetes no paguen impuestos y que no se les exija ningún trámite legal que ellos sí han realizado.
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