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El alcalde del Ayuntamiento de Bullas, José María López, señaló hoy, en referencia a las sanciones a casas de campo sin licencia, que el PP de esta localidad se ha situado “fuera de la Ley, planteando a la Corporación que actúe arbitrariamente e ignore artículos de la Ley del Suelo que ellos mismos aprobaron”.

López culpó al PP de desarrollar un “doble juego” con el tema de las casas de campo, pues por una parte “acordó con la Corporación Municipal el inicio de un procedimiento sancionador”, y por otra, “da la razón a los vecinos y les alienta a incumplir la ley, interpretarla arbitrariamente, y a enfrentarse con el actual grupo de Gobierno”, lo que representa “deslealtad institucional, incoherencia política y manipulación con fines partidistas”.

De igual forma, apuntó que el portavoz municipal del PP, Pedro Chico, acordó a finales de 2003, junto a los demás portavoces de los grupos municipales, el inicio de expedientes de infracción urbanística contra todos aquellos propietarios de construcciones ilegales, situadas en su mayor parte, en zonas del campo de Bullas.

En este sentido, recordó que en 2003 se iniciaron los trabajos para la elaboración del Plan General Municipal de Ordenación, que estaba en fase de aprobación inicial, pero “desde octubre de 2003 decidimos abrir una serie de expedientes de infracción urbanística, de cara a la aprobación del Plan”.

Esta idea “fue compartida por los otros partidos políticos municipales, hasta que en enero de 2004, el PP hizo un escrito donde se desmarca de esa posición”. Paralelamente, continuó, en la Asamblea Regional se estaba elaborando la Ley 1/2004 de 24 de mayo, de la que “Chico fue ponente y tuvo responsabilidad directa en el articulado del que hoy reniega”.

Ese mismo año se creó una asociación de afectados que, a través de diversos medios de comunicación, pidió que el Ayuntamiento “derogara o paralizara esos expedientes abiertos; que se elaborara un catálogo de causas que permita reducir al mínimo legal la cuantía de la sanción; y que se tuviera en cuenta la autoconstrucción para la valoración de la obra, entre otras”.

Entre estas cuestiones, López destacó la petición de que “los criterios sancionadores se hicieran cuando el Plan General estuviera aprobado”. Es decir, especificó, que un expediente abierto en 2003 porque faltaban metros cuadrados para poder edificar, que se estableció en 20.000 metros cuadrados, “lo dejáramos aparcado para cuando se aprobara el Plan en 2006 ó 2007, y se aplicara la normativa de ese año, que permitirá edificar a partir de 5.000 metros cuadrados, por lo que muchos expedientes de librarían de la sanción”.

López entendió que una asociación de afectados pueda “reivindicar ese tipo de cuestiones”, pero no comparte que “lo haga un partido político que tiene responsabilidades públicas”.

El alcalde de Bullas insistió en que Chico tendrá que dar cuenta al conjunto de la opinión pública de por qué insta al Ayuntamiento a “cometer un delito de prevaricación, al sugerirle que se exijan responsabilidades a unos propietarios y a otros no, empleando criterios subjetivos que la Ley, en cuya elaboración participó, no contempla”.

López señaló que el proceso “no será revocado, anulado o paralizado”, aunque el Ayuntamiento está siendo “todo lo flexible que la norma permite”. En este sentido, indicó que “se han atendido todas las peticiones de los vecinos dentro de los márgenes posibles para buscar soluciones justas y razonables”, pero “nadie puede pedirnos, y mucho menos uno de los artífices de la Ley del Suelo, como es Pedro Chico, que incumplamos la norma que el PP aprobó en su día”.

SANCIONES MEDIAS DE 3.400 EUROS.

El alcalde informó que la media de la sanción de estos expedientes está siendo de 3.400 euros, ya que se está aplicando el 20 por ciento de la sanción, el mínimo legal permitido, sobre la que se aplica una reducción del 50 por ciento a los que manifiestan que pagarán en un mes. En ningún caso el Ayuntamiento se ha planteado derribar alguna de las 300 viviendas expedientadas, indicó.

Con todo esto, explicó López, pretenden impedir que se siga construyendo “sin licencia en zonas que hay que preservar y planificar”, para que los ciudadanos de Bullas puedan disfrutar en el futuro “de zonas protegidas de interés y de espacios destinados al ocio, así como a otras iniciativas que permitan mejorar su calidad de vida”.