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El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Antonio Tizzano, propuso hoy al Tribunal condenar a España por mantener en vigor una normativa que permite conceder los servicios de transporte marítimo en la ría de Vigo a un único operador durante un período de veinte años.

Según el letrado, la normativa incluye como criterio de adjudicación la experiencia de transporte en la ría de Vigo, lo que favorece al operador existente. Además, permite someter a obligaciones de servicio público los servicios de transporte estacionales con las islas o los servicios de transporte regulares entre puertos continentales.

Alega también que esta concesión nunca fue objeto de consulta con la Comisión Europea antes de su aprobación y que, por tanto, es contraria al Reglamento adoptado en 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo).

El Abogado General tiene por misión proponer al Tribunal de Justicia, de manera completamente imparcial, una solución jurídica para dirimir los asuntos que haya examinado. La opinión del Abogado General no vincula al TUE, que comienza a deliberar a partir de este momento, y la sentencia se pronunciará en una fecha posterior.