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Ecologistas en Acción anunció hoy que ha solicitado a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez y a la de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que impidan la construcción de más de 8.000 viviendas en la Comunidad de Madrid “bajo la huella sonora” del aeropuerto de Madrid-Barajas.
Según informó esta asociación ecologista, el Gobierno regional pretende construir un total de 8.100 casas próximas al aeropuerto de Barajas “vulnerando el Decreto de Protección Acústica de Madrid, que impide la construcción de viviendas en zonas en las que se superen los 50 y 45 decibelios durante el día y la noche, respectivamente”. Unos niveles que afirmaron “se superan en la zona donde se pretende urbanizar”.
Los ecologistas recordaron que la Comisión Regional de Urbanismo aprobó en julio de 2005 la urbanización de un sector ubicado al sur del término municipal de El Molar, en el límite con Algete, junto a la urbanización Ciudad Santo Domingo, en la que los vecinos “llevan años quejándose de los elevados niveles de ruido que tienen que soportar por el sobrevuelo de aviones”.
LA NORMATIVA REGIONAL “SIN APLICACIÓN”
El colectivo ecologista señaló que, en este contexto, se pretenden construir 8.100 casas con una previsión de ocupación de 22.680 personas. Además tacharon de “contradictoria” la postura del alcalde de El Molar, ya que “por una lado encabeza las manifestaciones contra el ruido y, por otro, aprueba la construcción de miles de viviendas bajo la huella sonora”.
En ese sentido, la organización acusó a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de emitir en junio de 2005 un informe jurídico que dejara sin aplicación el mencionado Decreto.
“Basándose en este informe, la Comunidad considera que no es de aplicación la normativa regional y ha autorizado la urbanización del sector, en la zona externa a dicha envolvente y que se sitúa en los 55 decibelios diurnos y 45 nocturnos”, afirmaron.
Por otra parte, los ecologistas señalaron que las nuevas viviendas no pueden justificarse con argumentos de carestía, ya que El Molar tiene una población de 5.000 habitantes y tiene aprobada la construcción de 3.356 casas.
Ecologistas en Acción ha recurrido el acuerdo por el que se aprueba la urbanización del sector ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que lo “ha admitido a trámite”. Sin embargo, manifestaron que “dada la lentitud de la justicia y las graves repercusiones que podría tener sobre la salud de los futuros habitantes”, han solicitado a ambas ministras “que impidan la construcción, al menos hasta que TSJ se pronuncie al respecto”.
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