Actualidad24horas.com

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, rechazó hoy que la solución a las dificultades de los ciudadanos para el acceso a la vivienda pase por “reducir la superficie” de las viviendas protegidas, y adelantó que el Ejecutivo autonómico, como Administración competente para determinar las normas de “diseño y calidad” de las viviendas de promoción pública, “nunca ha planteado que la solución sea reducir la superficie a 25 ó 30 metros cuadrados”.

Chaves respondió en la sesión de control al gobierno del Parlamento andaluz a una pregunta relativa al plan de viviendas de la Junta para 2005 del portavoz del Grupo Andalucista, José Calvo Poyato, que denunció un descenso del cuatro por ciento en la ejecución de viviendas de promoción pública durante el pasado año en Andalucía, pasando de las 11.922 ejecutadas en 2003 a las 11.476 realizadas en 2004.

Frente a estas críticas, el presidente andaluz admitió un descenso en la ejecución de VPO en Andalucía y en España durante los dos últimos años, que atribuyó a las previsiones establecidas por el anterior Gobierno del PP en el Plan Nacional, pero defendió que el grado de ejecución actual del Plan Andaluz de Vivienda 2003-2007 “supera el cien por cien” de las previsiones, mientras que el precio de las VPO ha crecido cinco puntos por debajo de la media nacional en Andalucía, donde “el porcentaje de salario que se debe destinar a la compra de vivienda es un 18 por ciento menor que la media nacional”.

Para el presente ejercicio de 2005, Chaves indicó que la previsión del Plan se cifra en 55.000 actuaciones, 16.000 de ellas para nuevas viviendas destinadas a la venta, que se complementará con las medidas impulsadas por la Junta para potenciar el alquiler, como la puesta en marcha de las agencias públicas y las ayudas a rehabilitación y a inquilinos y los 36 millones de euros consignados en los Presupuestos de la Comunidad para ampliar el patrimonio de suelo municipal y autonómico.

Junto a ello, se comprometió a remitir al Parlamento durante el presente mes de mayo el proyecto de Ley de Vivienda Protegida y Suelo, que establecerá la obligación de que todos los ayuntamientos destinen el 30 por ciento del nuevo suelo residencial para vivienda protegida, fijando plazos de inicio y finalización con un régimen sancionador en caso de incumplimiento que puede llegar incluso a la “expropiación forzosa” en caso de que su uso no se ajustado a los criterios de la vivienda protegida.

PA: SITUACIÓN REAL FRENTE A PROMESAS ELECTORALESPor su parte, Calvo Poyato contrapuso la “situación real” de la vivienda en Andalucía con las “promesas electorales ilusionantes” con que el PSOE concurrió a las autonómicas del 14 de marzo, en las que se comprometía a rehabilitar 230.000 viviendas y construir al menos 60.000 nuevas viviendas para jóvenes.

Echando mano de los datos, el portavoz andalucista destacó que el compromiso de construir 16.000 nuevas viviendas de promoción pública en 2005 supondría un incremento del 50 por ciento respecto al último ejercicio, en el que se ejecutaron 11.476 actuaciones, lo que supone un descenso del cuatro por ciento respecto a las 11.922 registradas en 2003.

Junto a ello, Calvo Poyato puso de manifiesto que el precio de la vivienda libre ha crecido en Andalucía 20 puntos por encima de la media nacional en los últimos ocho años, lo que ha derivado en la existencia de “precios insoportables” para la compra de viviendas de 90 metros cuadrados. Aprovechó para rechazar los ‘minipisos’ de 30 metros propuestos por el Ministerio de Vivienda por considerar que suponen un “retroceso respecto a las condiciones de dignidad para una vivienda en países desarrollados”.

En este sentido, el portavoz andalucista denunció la “falta de soluciones a uno de los principales problemas de los ciudadanos, que deben invertir el dinero de toda una vida para pagar una hipoteca que supone como media el 52,6 por ciento del salario” y emplazó a Chaves a “no seguir haciendo promesas a gente que está esperando soluciones”. En su turno de réplica, Chaves admitió que existe un “problema de precio” en la vivienda libre tanto a nivel nacional como autonómico, pero dejó claro que la Junta “no tiene instrumentos para modificar el precio de la vivienda libre”, por lo que centra sus esfuerzos en “construir el máximo número de viviendas protegidas” para favorecer el acceso de la población.