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El nuevo Plan de Vivienda en el que trabaja actualmente el Gobierno debería contar con una dotación presupuestaria de alrededor de 1.800 millones de euros en los próximos dos ejercicios a juicio de CC.OO. para poder ver garantizada su eficacia, según aseguró hoy la secretaria confederal de Política Social del sindicato, Pura García de la Rosa.

CC.OO. apuesta por reorientar la política de gasto público en materia de vivienda, derivando recursos de los beneficios fiscales de las rentas más altas, en el marco del IVA y el IRPF, hacia el gasto directo para las personas con menos recursos.

García de la Rosa, quien presentó hoy las propuestas de CC.OO al Plan de Vivienda 2005-2008, respaldó las “líneas de actuación generales” del borrador de ese plan, aunque pidió que se marque “objetivos concretos, cuantificables y evaluables”. Según dijo, el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero tiene ahora “la gran oportunidad de hacer una política de vivienda atrevida, sin literatura y con dotación económica” si no quiere enfrentarse en el futuro a una situación económica “grave” que afectará “a todos, los que tengan vivienda y a los que no”.

La secretaria sindical manifestó su apoyo a la consolidación de un parque de Vivienda de Protección Oficial (VPO) “que se mantenga en el tiempo”, alargando esa calificación durante toda la vida útil del inmueble. De esa forma, un propietario que deseara vender su vivienda protegida debería hacerlo a un demandante del mismo tipo de inmueble por una cantidad establecida por la Administración, teniendo en cuenta el primer precio, el diferencial del IPC y las posibles mejoras que se hayan realizado en la casa.

Igualmente, García de la Rosa respaldó el incremento del número de viviendas protegidas a construir y la adecuación del volumen de actuaciones a realizar a la creación de nuevos hogares, alrededor de 400.000 al año. También celebró la elaboración de un registro público de demandantes de VPO, que ayude a simplificar la gestión de la demanda y a la lucha contra el fraude existente en las adjudicaciones.

APUESTA POR EL ALQUILER

García de la Rosa criticó que el borrador del nueva plan siga “primando” en sus ayudas a la compra por encima del alquiler, con “mayores cuantías durante mayor período de tiempo”. A su entender, esas ayudas deberían ser “equilibradas” para hacer aflorar el mercado de arrendamientos.

CC.OO. defiende la subvención directa a los inquilinos de un porcentaje del precio del alquiler, con una cuantía máxima mensual del arrendamiento de 800 euros. La ayuda para acceder a alquileres dependería de las circunstancias familiares y del nivel de ingresos del beneficiario: desde un 5% del pago mensual para una personas sin cargas y con ingresos de más de 30.000 euros/año hasta un 40% en el caso de un inquilino con tres hijos e ingresos de hasta 10.000 euros. La ayuda sería recibida directamente por el arrendatario, para garantizar que ese dinero se destina al fin previsto.

El sindicato también defiende que los inmuebles protegidos de alquiler se mantengan en ese mercado, sin pasar a la compra, para garantizar un parque amplio de inmuebles alquilados que influya en la cuantía de las rentas mensuales y, en general, en los precios de las viviendas.

SÍ A LA SOCIEDAD PÚBLICA

La central sindical apoya también la creación de una sociedad estatal de intermediación del alquiler, que coordine y canalice las subvenciones a los inquilinos. El responsable del gabinete económico de CC.OO. Miguel Angel García criticó que en el borrador del nuevo plan tan sólo se haga “una vaga mención” a la Sociedad Pública del Alquiler, no se precise su dotación económica y no se amplíen sus responsabilidades.

A su juicio, la nueva agencia no ha de ser tan sólo “una inmobiliaria al uso”, ya que ese nuevo organismo ha de garantizar al arrendatario que no habrá impagos y que recibirá la vivienda en las mismas condiciones en las que la alquiló.

Por otro lado, CC.OO. considera que la obligatoriedad para los promotores que accedan a ayudas de urbanización de suelo de destinar al menos el 50% de la edificabilidad residencial a VPO puede ser “bastante útil”, siempre que las ayudas ofrecidas sean atractivas para el sector, al tiempo que estima acertado contar con la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) como agente urbanizador para construir viviendas protegidas.