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La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Sonia Castedo, destacó hoy que la licencia de obra mayor y apertura a la Finca Lo Cirer S.L., para la construcción de un complejo turístico en la partida de Bacarot, en El Plantío, no prevé la construcción de viviendas, sino de apartamentos turísticos, al tiempo que reiteró que es “un acto reglado”, que cumple la Ley porque la Declaración de Interés Comunitario (DIC) no ha sido modificada.
Sonia Castedo compareció hoy voluntariamente en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante para explicar la concesión de la licencia, después de que el Pleno rechazara una moción presentada por el Grupo Socialista pidiendo su revocación, ya que el PP votó en contra de la moción y EU-L’Entesa se abstuvo.
En su comparecencia, argumentó la decisión de conceder esta licencia en que es un “acto reglado” y en los informes que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo han emitido al respecto, al tiempo que resaltó que no está prevista la construcción de viviendas, sino de apartamentos turísticos, por lo que el edificio tendrá exclusivamente un uso turístico.
En este sentido, la concejal aseguró que se “limita a suscribir” lo que los técnicos de Urbanismo han dictaminado al respecto “sin añadir ni quitar absolutamente nada” e incidió en que el expediente es “muy complejo” por contener “múltiples informes técnicos”, algunos de los cuales “no obran en el Ayuntamiento”.
“IMPRECISION”
Así, explicó que “por una imprecisión en origen” de la DIC, emitida en 1993, no especificaba las cuestiones técnicas y que “todos los informes menos uno”, emitido no por un técnico de Urbanismo sino en Derecho, aconsejaban que las cuestiones técnicas que constan en la licencia estuvieran acogidas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
De este modo, expuso que la DIC “faculta para la construcción de un hotel, explicando que se trata de una instalación hotelera vinculada al campo de golf” y como “oferta complementaria turística”. Castedo garantizó que la licencia concedida “lleva esta exigencia, hasta el extremo de imponer como condición suspensiva” la construcción de la licencia.
La edil incidió en que además se resalta la necesidad de la inscripción en el registro de la propiedad como apartamentos turísticos y “si lo incumple conllevaría la invalidez de la licencia”, ya que consta “la imposibilidad de uso residencia y la prohibición de cualquier clase de parcelación”.
Según Castedo, la edificabilidad es “un parámetro absolutamente técnico”. Por ello, esgrimió que “si la DIC hubiera definido los parámetros de uso y aprovechamiento seguramente no nos encontraríamos en esta situación”.
Además, resaltó que “los únicos informes municipales desfavorables respecto a la edificabilidad” de 22.500 metros cuadrados “son del jefe del Servicio de Licencias”, que es “licenciado en Derecho”, y que es “contradictorio con el emitido” por él mismo “tres meses atrás”.
“INCAPACIDAD”
Por su parte, el portavoz socialista, Blas Bernal, reiteró que la DIC estaba “condicionada al proyecto que la mercantil presentó” y que “todo lo que venga después” no cumple la legalidad, al tiempo que hizo hincapié en que la concejala “no tiene ninguna potestad” para cambiar la DIC, aprobada por la Generalitat Valenciana en su momento.
En esta línea, acusó a Castedo de estar “absolutamente incapacitada para llevar el Urbanismo de la ciudad de Alicante” y dijo que los argumentos de la concejala “no es ni más ni menos que marear la perdiz e intentar engañarnos”. Desde su punto de vista, la concesión de la licencia está “fuera de la legalidad” porque supone una modificación de la DIC.
Alegó que no han presentado un recurso porque apuesta por la “solución política” del asunto, aunque no descartó llegar “a la vía civil o penal”. Bernal pidió a la concejala que revoque la licencia , ya que, según dijo, “estamos a tiempo de evitar que volvamos a tener otro tipo de escándalo”, ya que, según dijo, esta autorización es “un regalo de más de 24 millones de euros a la mercantil” promotora.
Finalmente, para la portavoz de Esquerra Unida-L’Entesa, Susana Sánchez, la concesión de esta licencia es “una nueva agresión a la Sierra de Colmenares”, tras la construcción de la Ciudad de la Luz. A su juicio, esta actuación responde a una “estrategia de desprotección” y consideró que “la responsable” del otorgamiento de la licencia es la concejala, “porque es la que firma”.
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