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La Comisión Europea acordó hoy pedir oficialmente a España que revise sus normas sobre alquileres turísticos en las islas Canarias, en lo que se refiere a la autorización previa y al principio de unidad de explotación exigida por las leyes españolas y que, según el Ejecutivo comunitario, son requisitos que infringen las normas del Tratado sobre la libre prestación de servicios.

La solicitud de la Comisión se realizará a través de un dictamen motivado, segunda etapa del procedimiento de infracción, y en caso de no recibir una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, podrá llevar a España ante el Tribunal de Justicia.

Además de contra España, Bruselas ha abierto procedimientos de infracción sobre la libre prestación de servicios y libertad de establecimiento contra Italia, Portugal, los Países Bajos, Luxemburgo y Finlandia.

Con estas medidas quiere acabar con los obstáculos que entorpecen la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios. Así, ha decidido llevar a Italia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y he remitido cartas de emplazamiento a Portugal y los Países Bajos solicitándoles información exhaustiva sobre la ejecución de unas sentencias del Tribunal europeo relativas asimismo a la prestación de servicios de seguridad privados.

En segundo lugar, la Comisión ha solicitado oficialmente a cuatro Estados miembros que modifiquen sus legislaciones. Luxemburgo, al que se pide que modifique su sistema de concesión de permisos de trabajo a los ciudadanos no pertenecientes a la UE.

Finlandia, a quien solicita que introduzca cambios en su normativa sobre la movilidad de los pacientes. De Italia se requiere que cambie sus normas sobre matriculación de vehículos de empresa y de España que modifique su normativa sobre alquileres turísticos en Canarias.

ARCHIVADO ALEMANIA.

Por último, la Comisión ha archivado un asunto contra Alemania, sobre licencias de radio, al haberse aprobado en el Estado federal de que se trata una nueva ley que respeta el principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 43 del Tratado.

Una nueva ley regional, que recoge las observaciones formuladas por la Comisión y que respeta el derecho comunitario se aprobó y publicó el 14 de febrero de 2005.