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La Comisión Europea (CE) decidió hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber llevado a cabo una evaluación de impacto ambiental correcta en relación con el proyecto de construcción de un aeropuerto en la provincia de Ciudad Real.

Bruselas considera que la evaluación de impacto ambiental de este proyecto, llevada a cabo por las autoridades españolas, es “insuficiente” por varios motivos. En primer lugar, criticó que no se hayan esbozado adecuadamente las alternativas estudiadas por el promotor, ni que se haya hecho la evaluación de impacto de las instalaciones relacionadas con el proyecto (por ejemplo, carreteras de acceso y suministro de electricidad).

Al no haber evaluado adecuadamente las repercusiones de todos los aspectos del proyecto sobre el medio ambiente, la CE indicó que España infringe la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental, la cual exige que los Estados miembros realicen, antes de su autorización, una evaluación del impacto de los proyectos públicos y privados que pudieran tener repercusiones significativas sobre el Medio Ambiente.

“La falta de una evaluación de impacto ambiental significa que los ciudadanos pierden la oportunidad de expresar su opinión sobre el proyecto. Puede también significar que se pasa por alto el mejor método para proteger el medio ambiente y se causa más daño del necesario”, recordó en un comunicado.

Además, el aeropuerto está situado al lado de una zona clasificada de protección especial por las autoridades españolas en aplicación de la Directiva sobre aves silvestres de la UE. En la zona viven aves amenazadas, sobre todo aves de las estepas.

Bruselas insistió en que la Directiva sobre aves exige que los Estados miembros hagan todo lo posible para evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats, incluso fuera de las zonas de protección. “Como España no ha estudiado adecuadamente las repercusiones del proyecto en la fauna y la flora silvestres de la zona, no se pueden tomar las medidas necesarias para prevenir o evitar el deterioro de los hábitats. Por ello, España infringe también la Directiva sobre las aves silvestres”, sentenció.

En diciembre de 2003, la Comisión envió a España una primera advertencia por escrito de que debían evaluarse todas las repercusiones de la construcción del aeropuerto de acuerdo con las directivas sobre aves y de evaluación de impacto ambiantal.

Las autoridades españolas enviaron un mes más tarde una respuesta en la que indicaban una serie de estudios que se habían realizado. No obstante, la CE consideró que esos estudios no constituían las necesarias evaluaciones de impacto y remitió, por ello, una última advertencia por escrito en julio de 2004.

En su posterior respuesta, el Ejecutivo español declaró que se había paralizado el proyecto para poder llevar a cabo la correcta evaluación de impacto. Pese a esta afirmación, la Comisión obtuvo “pruebas de la continuación de las obras de construcción”, por lo que hoy decidió llevar el asunto ante el Tribunal de Luxemburgo.